EscucharLa Casa Presidencial no tiene claro en qué consiste la corrupción o cuáles son los medios idóneos para combatirla. Para salir de la confusión, hará una consulta ciudadana. Una encuesta en las páginas electrónicas oficiales permitirá a los gobernados expresar sus opiniones sobre un problema de larguísima data.
El método, en sí mismo, confunde. ¿Pretende el gobierno entender la corrupción o, más bien, explora la percepción predominante sobre el fenómeno? ¿Busca soluciones o insumos para una campaña publicitaria? Es difícil saberlo. Durante la campaña electoral y los primeros meses de gobierno, el Partido Acción Ciudadana (PAC) parecía tener un concepto claro de la corrupción y la necesidad de combatirla.
La noción de entonces era tan diáfana como la de la ciudadanía, incluidos los corruptos, que siempre actúan en secreto, precisamente porque conocen el carácter de sus actos. El diputado fundador del PAC, Ottón Solís, reaccionó con sorpresa ante la nueva perplejidad de su partido. “No comencemos a esta hora a construir la definición de la corrupción, lo cual, en todo caso, solo sería excusa para posponer y obviar el cumplimiento de los rigores éticos que prometimos”.
Solís sabe bien cuáles son esos rigores porque desde los albores del siglo se empeñó en fundar el partido sobre esa plataforma. Asombra que una agrupación política de tan inobjetables certezas sobre la ética y la corrupción se declare, dieciséis años más tarde, necesitada del consejo ciudadano para entender y combatir el problema, desde siempre uno de los más graves de cuantos tiene el país.
Precisamente porque hay poco que aclarar, las motivaciones de la encuesta son razones trilladas. La ley contra la corrupción no ha logrado sus objetivos, poca gente ha sido procesada y es necesario actuar de manera preventiva si tenemos la intención de erradicar el fenómeno, dijo la viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zúñiga. Los mismos planteamientos difícilmente nos acercarán a distintos resultados y nada hay nuevo en las justificaciones de la funcionaria.
Así lo señaló la Procuraduría General de la República. “Cualquier ley necesita de ajustes. Es normal una vez que se pone en práctica. No hay datos estadísticos para opinar si la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito se ha quedado corta en materia de condenas. Si esto fuera así, no necesariamente se debe a problemas de la ley, sino al sistema en general”.
Hay que discrepar de la Procuraduría cuando exige estadísticas para acreditar la baja cantidad de condenas. El problema es muy extendido y los sancionados son pocos. Sí hay estudios, como los del Estado de la Nación, que apuntan a la escasez de condenas. Pero la Procuraduría tiene razón en no culpar a la ley, sino al sistema en general.
Hay un Ministerio Público escaso e ineficaz, una cultura del amiguismo que a menudo impide siquiera la denuncia, una Contraloría que se declara exasperada por la inaplicabilidad de sus sanciones, como en el caso de los alcaldes. Hay unos tribunales de trabajo que restituyen en el cargo a los funcionarios más claramente culpables en honor a una presunción de inocencia entendida en términos muy extremos, hay un Servicio Civil cuyos procesos de despido son interminables y existe un Consejo de Gobierno que, a lo largo del año, ha sido testigo de las anomalías en el Banco Nacional y no ha podido llamar al orden. Tampoco está claro cuánto tardará, ahora que tiene en sus manos un informe de la Procuraduría de la Ética, para pronunciarse el respecto. Debería hacerlo con la celeridad que el compromiso con estos temas demanda, no cuando se calmen las aguas o parezca políticamente más conveniente. Y ese es solo un ejemplo.
