EscucharLos rostros de miles de niños centroamericanos, agobiados por el temor, la violencia y la miseria, son testimonio del desafío humanitario que por largo tiempo ha enfrentado nuestra región. En estos momentos, la situación de los menores, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, ha adquirido particular interés en Estados Unidos, cuyos puestos migratorios al sur de Texas se han visto desbordados por niños indocumentados, sin familiares ni custodios, detenidos al cruzar la frontera.
Los números reflejan la magnitud del problema. El año pasado fueron recogidos alrededor de 25.000 menores; en el presente año, las cifras ya bordean los 50.000. Este influjo ha obligado a las autoridades a ampliar instalaciones a fin de albergar a los detenidos en espera de las formalidades de la deportación.
Según se ha podido constatar, la estampida de inmigrantes ilegales fue alentada por el rumor de inminentes cambios en las normas migratorias que favorecerían la permanencia de los menores en Estados Unidos. En otras palabras, un mero rumor propagado por los “coyotes” para generar negocios condujo a familias enteras a desprenderse de sus modestos bienes para pagar por adelantado los miles de dólares exigidos por esos delincuentes, al parecer no menos de $6.000.
Lo cierto es que no hay asomo de tales modificaciones legales en Washington. Por el contrario, la atmósfera más bien se ha endurecido y la reacción oficial no se ha hecho esperar. Además de amplias declaraciones oficiales para la prensa, los contactos de alto nivel le han permitido al Gobierno difundir las circunstancias reales. Por cierto, algunas facilidades adoptadas en el 2012, sugeridas por grupos humanitarios en Washington, solo serían valederas para quienes hubieran ingresado a Estados Unidos antes del 2007.
De gira por Latinoamérica, el vicepresidente norteamericano, Joseph Biden, se reunió este viernes con los presidentes de Guatemala (anfitrión de la cita), Honduras y un enviado del Gobierno salvadoreño. El mensaje fue contundente: no se ha producido cambio alguno y algunas iniciativas legislativas en dicha materia difícilmente avanzarían de cara a los comicios de medio período, en noviembre próximo.
Con todo, lo que sí ha emergido del debate sobre temas migratorios es harto conocido: la raíz del problema estriba en las sempiternas y agudizadas carencias socioeconómicas de dichas naciones. Al respecto, la Administración en Washington está puliendo una iniciativa de ayuda económica extraordinaria para los países de donde provienen los mayores flujos migratorios. El propósito de esa asistencia es darle algún alivio financiero a esas naciones. Valga señalar que la inundación migratoria no es exclusiva de Estados Unidos. También naciones de la región, como Belice y Panamá, experimentan aumentos inusuales.
Los menores detenidos en Estados Unidos reciben asistencia de congregaciones religiosas, organizaciones internacionales y hasta de familias durante el período que lleva procesar las deportaciones.
Las autoridades en Washington han designado como crisis humanitaria esta situación de menores, que solos, sin tener una mano amiga, hacen el peligroso recorrido de México a la frontera con Estados Unidos. En su opinión, ampliamente compartida, el problema tiene tales dimensiones y antecedentes que el examen y la elaboración de recetas institucionales demandaría un esfuerzo regional inédito.
Desde luego, eso sería lo ideal, pero, a la luz de la experiencia, no siempre estas tareas compartidas muestran avances palpables. En naciones víctimas de una violencia arraigada, de deficientes cuadros institucionales y carentes de una vocación demostrable de enrumbarse por los caminos de las reformas esenciales, se requerirá mucho más que una declaración oficial altisonante. Por desgracia, el empuje político demandado de un concierto de Gobiernos, en especial amigos, tampoco se perfila en el horizonte regional. No es un cuadro esperanzador ni mucho menos alegre. Pero ese es el carril hasta la fecha.
