La invitación a un grupo de legisladores costarricenses, con gastos pagados por el Parlamento de Nicaragua, nunca debió ser considerada

 18 noviembre, 2016

El viaje a Nicaragua de un grupo de diputados, con gastos pagados por el Parlamento de ese país, nunca debió ser considerado. Las razones para declinar la invitación abundan, comenzando por las tensiones todavía no resueltas entre Costa Rica y el oficialismo sandinista, cuyo control de la Asamblea Nacional es completo.

Pero miembros de un Parlamento de incuestionable legitimidad democrática deben pensarlo dos veces antes de caer en la grave contradicción de visitar a sus supuestos homólogos cuando hace poco votaron para censurarlos por la arbitraria destitución de 28 legisladores de oposición.

La complicidad del Parlamento sandinista en los desafueros no está en duda. La maniobra, ejecutada en pleno proceso electoral, estuvo a cargo de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo. Entre los destituidos figura el coordinador de la principal coalición opositora, Eduardo Montealegre.

La moción de censura, aprobada sin apoyo del Frente Amplio ni de una parte del Partido Acción Ciudadana, contiene una “excitativa al Gobierno de la República de Costa Rica para que active todos los mecanismos internacionales y, en el ejercicio de sus competencias, promueva ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se adopten medidas tendientes a que el Gobierno de Nicaragua asegure la restitución del orden en el Parlamento nicaragüense”.

Por otra parte, los diputados hicieron votos por la neutralidad e independencia del Consejo Supremo Electoral en los comicios recién celebrados para ungir a Daniel Ortega como presidente y a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta de la República. Las elecciones no fueron limpias y las esperanzas de la Asamblea Legislativa, como era de esperar, fueron traicionadas.

Los diputados no pueden disimular la contradicción entre esos resultados y la disposición de discutir siquiera la invitación formulada por las autoridades de la nación vecina. No se sabe quiénes son los 16 invitados a Managua, pero solo el Frente Amplio y los sectores del PAC próximos a su orientación ideológica podrían aceptar sin abandonar la coherencia. No prestaron sus votos a la moción de censura y representantes de los primeros siempre han viajado a la capital nicaragüense para festejar las efemérides sandinistas. Si legisladores de esas fracciones decidieran visitar Managua, su viaje debe ser de claro carácter personal.

Con solo considerar la posibilidad de atender la invitación oficial, las demás fracciones caen en una inevitable y grosera contradicción que pone en duda la firmeza de los principios hace poco defendidos. Las declaraciones del libertario José Alberto Alfaro, organizador del viaje, subrayan el punto. Ahora, a pocos meses de aprobada la moción de censura y apenas celebrada la reelección de Daniel Ortega, resulta que el Parlamento nicaragüense “está debidamente constituido” y “las democracias se encuentran en las condiciones en que se encuentran”.

Es un alto precio a cambio de muy poco. Según Alfaro, el propósito es asistir a una charla de tres horas con legisladores nicaragüenses para hablar del funcionamiento de su Parlamento y del desarrollo económico y turístico en los últimos años. El programa se completará con “visitas a lugares culturales”.

“Es una visita de confraternidad y para disfrutar de las diferentes cosas bonitas que tiene Nicaragua”, dijo Alfaro con candidez. En general, el propósito es limar asperezas, añadió, aunque de la invitación no se había informado al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa omisión aumenta las preocupaciones suscitadas por el viaje. Los legisladores metidos a diplomáticos podrían introducir distorsiones en la relación bilateral. No puede extrañarnos que en cuanto se supo de la invitación, el presidente Luis Guillermo Solís, el canciller Manuel González y el presidente legislativo Antonio Álvarez Desanti la estimaran inconveniente.