El rumbo de la OEA

La resolución, de nueve páginas, incluidos dos anexos, fue adoptada de forma unánime en una sesión especial de la Asamblea General, celebrada en su sede de Washington. Esto le otorga un fuerte mandato político a la visión estratégica que enuncia. Sin embargo, por el momento solo estamos ante un conjunto de objetivos generales que, para tener impacto en la realidad, deberán cumplir exitosamente otros procesos. Los dos principales, que contempla el acuerdo, serán la elaboración de un plan estratégico cuatrienal (2015-2019), con metas para cada uno de los cuatro pilares, y la incorporación de las prioridades en el presupuesto de la organización para el bienio 2015-2016.

Solo así será posible crear condiciones para alcanzar la aspiración que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, planteó en los siguientes términos: “Sincerar la relación entre nuestros objetivos estratégicos, aquellos valores que compartimos como organización política hemisférica y la forma de organizar, financiar y controlar nuestras actividades”. Como paso adicional, será necesario implementar cambios en la estructura organizacional y la gestión administrativa, y se requerirá el apoyo político permanente de los Estados miembros.

La resolución no implica, por ello, la coronación de un proceso, sino el cumplimiento de una etapa, sin que todavía podamos tener certeza sobre el resultado final. Aun así, la aprobación de las metas es importante. Por un lado, refleja que existe conciencia en las principales instancias de la OEA sobre la necesidad de adaptarla a las nuevas realidades del mundo y del hemisferio. Por otra parte, los cuatro “pilares” con los que se compromete constituyen, sin duda, los ejes fundamentales de la Organización. Consideramos de particular importancia el objetivo de “consolidar” el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el aporte más singular, relevante e irrepetible de la OEA al hemisferio, “sobre la base de la autonomía e independencia de su funcionamiento”.

Al hablar de democracia, sin embargo, la resolución es contradictoria. En una parte reitera el apego a “los principios adoptados en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana”, entre los cuales está la práctica de la democracia y la vigencia del Estado de derecho. En otra reconoce el “derecho” de los países “a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social”, lo cual deja abierta la vía para mantener en su seno, o aceptar, a regímenes autoritarios. Es algo sobre lo cual se requerirán, más pronto que tarde, precisiones fuera de toda duda.

También debemos tener presentes aspectos políticos de profundo calado. Por ejemplo, países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela han hecho lo posible por debilitar a la entidad, precisamente, en sus dimensiones de impulso a la democracia y los derechos humanos. Un miembro tan importante como Brasil da mayor importancia a la consolidación de Unasur, donde ejerce un liderazgo indiscutible. Y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) ha reducido su ámbito de acción y la capacidad de representación de la OEA.

Para superar ese tipo de desafíos, los países verdaderamente interesados en consolidar la Organización deberán desplegar una acción vigorosa, inteligente y decidida en su seno, tal como, por ejemplo, ha hecho Costa Rica para defender el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A la vez, el secretario general deberá asumir un liderazgo más proactivo y definido, que convoque y, además, guíe a los miembros más responsables.

Si este compromiso político toma ímpetu, y si los objetivos estratégicos logran convertirse en planes concretos, la OEA tendrá enormes posibilidades de aumentar su relevancia y desempeño; si no, es posible que el esfuerzo actual, aunque bien encaminado, no llegue a buen término. Confiamos en que ocurra lo primero.