El país debe desear al ministro Segnini la mejor de las suertes en la negociación, pero ya es innegable el riesgo asumido al aprobar el proyecto de manera precipitada

 9 mayo, 2015

El 12 de junio del 2014, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, compareció ante los diputados y expresó sus dudas sobre el convenio firmado por la administración anterior para ampliar la ruta 32, que une a San José con Limón.

Entre muchas otras observaciones, el ministro señaló los riesgos de la contratación a suma alzada, dada la “insuficiencia” del anteproyecto referencial: “Ante la carencia de un anteproyecto con la calidad y el detalle suficientes para establecer el costo de forma certera, hay un riesgo en dos direcciones: a) que el costo real sea significativamente inferior a la suma alzada, lo que implica una pérdida injustificada para la administración; b) que el costo real sea significativamente mayor a la suma alzada, con lo que cabría la posibilidad de que el contratista abandone los trabajos o busque vías legales alternativas para reclamar costo adicional, porque lo que usted se garantiza con llave en mano es que no va a cobrar reajuste de precios, pero reclamos administrativos no están cerrados… máxime cuando puede haber fallos por parte del gobierno, como es normal en las contrataciones en nuestro país”.

El acta de la sesión legislativa también recoge el listado de deficiencias y omisiones cuya enmienda sería necesaria para que la obra fuera aceptable. El ministro sabía que el encarecimiento del proyecto era posible y, al mismo tiempo, entendía la importancia de pedir a los constructores requisitos adicionales.

La probabilidad de que las nuevas exigencias dieran pie a una petición de aumento en el costo era, desde entonces, evidente. Sin embargo, el 25 de febrero, a pocas horas del segundo debate del empréstito chino en el Congreso, La Nación publicó declaraciones del ministro, según las cuales el futuro del proyecto dependía de la aceptación de los cambios por la constructora CHEC, sin compensación adicional.

El funcionario anunció el envío a China de un texto de 50 páginas, con la solicitud de aclarar algunos temas controversiales del anteproyecto, como el ajuste del ancho de vía y las intersecciones, sin encarecer la obra en un solo colón por encima de los $395 millones pactados en el convenio inicial del préstamo.

El proyecto fue aprobado en segundo debate luego de que el ministro ofreció su garantía personal de que no habría problemas. También envió a los diputados una carta donde expresó su confianza en el cumplimiento de los términos pactados aunque nuestro país irrespete los plazos contractuales porque “el honor, tan asentado en la cultura china, impediría que hagan algo que los haga verse como quienes quieren aprovecharse abusivamente, manteniendo las condiciones originales durante las negociaciones, pese al vencimiento del plazo, y cambiarlas una vez obtenida la aprobación legislativa”.

El 28 de abril, La Nación publicó declaraciones de Teresa Wu, representante de CHEC en Costa Rica, quien anunció un incremento “sustancial” en el costo de la obra y la posibilidad de que fuera necesario renegociar el empréstito si las decisiones necesarias no se adoptan este año.

“Será un aumento bien sustantivo porque nos piden nuevos requerimientos técnicos que no estaban contemplados al inicio. Aún no puedo decir cuánto más porque estamos valorando detalles”, afirmó Wu.

El 29 de abril, el ministro, visiblemente molesto, negó crédito a las declaraciones de Wu. “Vaya, hable con Teresa Wu. Probablemente, ella no se expresó de la mejor manera; tiene alguna cuestión idiomática, no sé”. Dos días antes, La Nación había puesto a disposición del público, en su página en Internet, la grabación de las afirmaciones de Wu, en muy buen castellano.

“El precio pactado a llave en mano, a mano alzada, o como se llame, se va a mantener”, afirmó el ministro. “Si a ellos el proyecto les deja pérdidas, se van. ¿Está dispuesto el MOPT a pagar más?”, preguntó el periodista. Segnini no tardó en responder: “Viera que no tengo por qué opinar sobre sus especulaciones”, aunque fue él, durante la comparecencia legislativa del 2014, quien primero señaló como riesgo del precio a mano alzada “la posibilidad de que el contratista abandone los trabajos o busque vías legales alternativas para reclamar costo adicional”.

El miércoles de esta semana, Teresa Wu se presentó ante los diputados de la Comisión de Asuntos de Limón y reiteró la posibilidad del aumento de precio. “Lo que estamos haciendo es colaborar con el MOPT y Conavi para ver cuándo pueden concluir las negociaciones”, afirmó.

El país debe desear al ministro la mejor de las suertes en la negociación, pero el riesgo asumido al aprobar el proyecto de manera precipitada, con demasiados hilos por atar, ya es innegable.