El principal problema de la institución es buena parte de su burocracia y toda corrección pasará por la inevitable necesidad de enfrentarla con decisión y valentía

 12 agosto, 2016

Pablo Sauma, economista de distinguida trayectoria en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y miembro de la comisión de expertos nombrada en el 2011 para estudiar la crisis financiera de la institución publicó el martes, en estas páginas, un artículo cuya lectura es obligatoria para quienes comprenden la necesidad de preservar la institución, vital para la sociedad costarricense.

El economista repasa los problemas de la Caja y sus soluciones desde la perspectiva de los ingresos y los gastos, advierte de la precariedad de los medios empleados hasta ahora para enfrentar los problemas y aboga por acciones de mayor calado y permanencia. Lamenta, además, la falta de ejecución de las recomendaciones más importantes formuladas por la comisión de expertos después de un profundo análisis.

A diferencia de otras comisiones, algunas nombradas con el propósito de enterrar los temas y otras de pobres resultados, la de la Caja hizo contribuciones sustanciales, pero la institución se inclinó por las más fáciles de aplicar que son, también, las de menor impacto. Los grandes intereses sobrevivieron intactos y las soluciones inmediatas imperaron, con riesgo de nuevas crisis en el futuro.

El exorbitante gasto en remuneraciones extraordinarias y disponibilidades podría aprovecharse para abrir un segundo turno de atención, con el beneficio adicional de reducir las listas de espera y brindar mejor atención. La necesidad del segundo turno es obvia, pero se estrella contra la billetera de los beneficiados por guardias, disponibilidades y horas extraordinarias.

La idea del segundo turno es especialmente peligrosa para esos intereses si se considera la inevitable tentación de poblar lo nuevos horarios con flamantes especialistas, es decir, competidores para quienes hoy imponen sus condiciones. El país carece de médicos especializados en diversas áreas. El problema es de larga data y no parece haber forma de solucionarlo. No la habrá mientras los especialistas existentes tengan influencia sobre la decisión de formar colegas.

Sauma también menciona la necesidad de reducir el personal administrativo, cuyas funciones a menudo “se duplican o triplican” y, en otros casos, son altamente ineficientes y no pasan de representar una carga para la institución. En las filas de quienes constituyen esa carga seguramente están buena parte de los 11.000 empleos creados durante la administración del Ing. Eduardo Doryan, bajo la presidencia de don Oscar Arias.

Pero la marcha atrás es difícil, porque el camino está cerrado por sindicatos autoproclamados defensores de la Caja cuando en realidad defienden, por sobre todo, a sus agremiados y viven en la eterna contradicción entre la preservación de los privilegios conquistados y los verdaderos intereses del pueblo asegurado. Si a la reducción de personal innecesario se suma la idea de simplificar los pluses salariales y darles transparencia, la oposición a medidas tan indispensables no dará tregua.

La instauración del expediente único, exigida por la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa y la propia comisión de expertos del 2011, es otro de los elementos señalados por Sauma como indispensables. No se trata de los limitados ensayos que la Caja pregona como avances luego de invertir casi dos décadas en el desarrollo del sistema, sino de un verdadero mecanismo de seguimiento de los expedientes médicos que, a la vez, se constituiría en un formidable medio de control de los servicios y recursos.

Nuevamente, la oposición está dentro de la Caja. El expediente único aumentaría la eficiencia y por esa vía produciría ahorros, pero también erradicaría costosos abusos cuyos beneficiarios no están interesados en eliminar. En suma, el principal problema de la institución es buena parte de su burocracia y toda corrección pasará por la inevitable necesidad de enfrentarla con decisión y valentía.