EscucharSegún mandato constitucional, el presupuesto ordinario de la República para el 2017 –año preelectoral– deberá presentarse a la Asamblea Legislativa a más tardar el 1.° de setiembre. Hasta esa fecha sabremos con exactitud a cuánto ascenderá el nivel de los gastos presupuestados. Pero si, como dice el refrán, por la víspera se saca el día, de lo que hasta ahora ha trascendido no podemos esperar buenas noticias.
En efecto, varias informaciones sobre nuevas erogaciones se han venido decantando por parte del Ministerio de Hacienda, como tanteando el terreno. ¡Agua va!, sería la traducción más cercana al lenguaje vernáculo. Eso significa que, como en el 2016, a la comisión de Asuntos Hacendarios y Presupuestos Públicos le corresponderá enfrentar los chaparrones venideros y, quizás, algunas cabezas de agua, con el fin de racionalizar la situación fiscal.
La primera mala noticia es el incremento en la partida de intereses por el servicio de la creciente deuda pública. La deuda ha venido aumentando peligrosamente desde el 2018. Ese año, representaba un 24,4% del PIB; en el 2015 ya había subido al 42,7% del PIB; y, según estimaciones preliminares dadas recientemente a conocer, podría llegar a representar un 50% del PIB en el 2017, a pesar de la baja en las tasas de interés. Ese porcentaje excede el máximo recomendable para evitar una crisis por falta de sostenibilidad. A menos que algo extraordinario suceda en la Comisión de Hacendarios, en el 2017 estaremos en el umbral de una situación fiscal muy crítica.
Otra serie de nuevos egresos nace de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La decisión de duplicar el aporte gubernamental al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) es una de ellas, con el agravante de que, por encadenamientos legales, también afectará las pensiones del Poder Judicial y las de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional. La CCSS igualmente resolvió subsidiar las cotizaciones de los patronos y trabajadoras domésticas que no laboran a tiempo completo, sin efectuar previamente estudios de factibilidad, como mencionamos en un editorial anterior. El gobierno apoyó la decisión de la CCSS y está anuente a asumir esa parte del chaparrón, Aseguró estar dispuesto a valorar reducciones de gastos (o endeudamiento) para financiarlo. Veremos por cuál opción se decanta.
Además de los anteriores, hay nuevos compromisos fiscales adquiridos: financiar los gastos inherentes a la reforma procesal laboral; financiar la Ley Especial de Transferencia de Competencias a las Municipalidades; y elevar los gastos de educación hasta el equivalente a un 8% del PIB, aprobados por la Asamblea Legislativa sin contar previamente con estudios pormenorizados sobre su sostenibilidad ni, mucho menos, sobre la eficiencia en el uso de los recursos actuales para satisfacer una pregunta esencial: ¿Se puede hacer lo mismo, o prestar mejores servicios, con montos iguales o menores a los recursos asignados?
Parte de la asignación para educación se la llevan las transferencias a las universidades públicas. En el 2015, se incrementaron muy por encima de la inflación y, como consecuencia, los profesores se aumentaron sus sueldos, dotaciones para investigación y demás erogaciones relacionadas. Ha trascendido que para el 2017 se incrementará este rubro, a pesar de haberse registrado niveles muy bajos de inflación. Sin embargo, lo más preocupante es que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, les prometió a las universidades mayores trasferencias si los diputados aprueban los nuevos impuestos.
Todo lo anterior plantea un panorama difícil de manejar. Para acomodar las nuevas erogaciones, estimadas provisionalmente en ¢300.000 millones, Hacienda está contemplando dos opciones (o una combinación de las dos): reducir concomitantemente otras partidas establecidas o incrementar el monto de la deuda. La primera, obviamente, sería preferible. Daría al gobierno la oportunidad de emprender los recortes de gastos que han probado ser difíciles de implementar, como racionalizar los salarios devengados por los funcionarios públicos y limitar las transferencias a las universidades y otras entidades, que sería otra forma eficaz de frenar los desafueros salariales. Pero nuestro temor es que, una vez más, se sacrifiquen los gastos de inversión y, con ellos, los esfuerzos por mejorar la productividad del país y la generación de empleo.
Si a pesar de haber disfrutado el país de estabilidad de precios durante el 2016, el presupuesto ordinario para el 2017 se incrementara por encima del ejecutado en el 2016, los diputados tendrían la amarga pero ineludible tarea de implementar recortes, como lo han hecho en el pasado, a veces tímidamente, para reducir el desequilibrio. Tendrán sobre sí casi todas las miradas, y tendrán, además, que cotejar la variación presupuestaria para ver si el gobierno de verdad ha actuado con austeridad, con recortes sostenibles en el tiempo, como para otorgarle nuevos ingresos frescos hacia el futuro.
