EscucharEl Estado no podrá cumplir las expectativas de los futuros jubilados. Lo sabe desde la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, creadora de los regímenes de pensiones complementarias. La justificación de motivos de esa legislación, tramitada hace 17 años, lo declara con candor y realismo.
Sin embargo, el mismo Estado bajo cuya inatenta mirada entró en crisis el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no renuncia a meter la mano en las pensiones complementarias acumuladas por dos millones y medio de costarricenses con su esfuerzo cotidiano, en previsión de un futuro cuando el IVM les asignará, en muchos casos, jubilaciones de hambre.
No hablamos de la inaudita idea de confiscar los fondos de las pensiones complementarias para remediar las irresponsabilidades políticas y financieras cometidas en el IVM. Tampoco del intento de someter a las jubilaciones complementarias al impuesto sobre la renta, fracasado gracias a la oportuna acción legislativa.
Las dos son muy malas ideas, ejemplos de insensibilidad extrema. Quizá por eso no pasaron del intento. Pero hay un saqueo de las pensiones complementarias que no ha podido evitarse, simple y sencillamente por el enorme poder financiero y político del Banco Popular.
La institución toma el dinero de todos los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y lo “jinetea” entre 18 y 30 meses. Cuando lo devuelve, lo hace con rendimientos inferiores y así disminuye la futura pensión complementaria del mismo trabajador a quien el Estado está calculando cómo cobrarle más y pagarle menos en el IVM, sea mediante el aumento de la edad de jubilación o con una disminución de los beneficios.
La coartada del Banco Popular es que el dinero se utiliza para financiar líneas de crédito baratas para llenar necesidades sociales. Es una mala explicación. Al menos parte de los 180.723 beneficiarios de créditos en el Popular pertenecen a la clase media, al tiempo que la inmensa mayoría de los 2.522.202 afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones están más abajo en la pirámide y encaran una vejez difícil.
No hay razón para trasladar parte de los ahorros de esas mayorías a un grupo minoritario de personas mediante el subsidio de sus créditos. Es impensable que el Popular esté en capacidad de conceder préstamos igualmente suaves a la totalidad de cotizantes del ROP, así que el beneficio no es parejo.
Patronos y trabajadores aportan al ROP, en conjunto, el 4,25% del salario, pero solo el 1,50% pasa directamente a la cuenta del empleado. El resto del dinero emprende un largo camino por las arcas del Banco Popular y, al final, llega a su destino con un interés no menor a la inflación y tampoco mayor a la tasa activa para préstamos de vivienda de interés social concedido por el Banco.
En otras palabras, el eventual aporte a la cuenta individual del trabajador es mucho menor. Si el dinero entrara directamente a engrosar el fondo de los afiliados, la pensión complementaria sería un 2,8% mayor y si la mitad de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral también se depositaran directamente, sería posible aumentar esa cifra en otro punto porcentual. Un 3,8% adicional no es poco dinero para los jubilados del IVM.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) lo entiende y, por eso, planteó un proyecto de ley “para eliminar los costos financieros innecesarios que se producen al trasladar recursos al Fondo de Capitalización Laboral y al Banco Popular”, según explicó el superintendente Álvaro Ramos. El proyecto, pese a las razones que militan en su favor, fue derrotado en el 2012. Ese resultado es un testimonio del poder del Banco, pero la Supén insistirá y ojalá esta vez encuentre el apoyo necesario.
