Reformar el Estado es una necesidad de vieja data, pero ha sido consistentemente ignorada por la clase política, incluidas las autoridades del actual gobierno y la Asamblea Legislativa

 29 febrero, 2016

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) presentó al presidente, Luis Guillermo Solís, un amplio documento para reformar el Estado, mejorar la competitividad y agilizar el funcionamiento de otros sectores, con miras al desarrollo del país. El planteamiento es serio y ambicioso y amerita ser discutido.

Se puede resumir en diez ejes principales: la reforma del Estado, dar seguridad jurídica a las inversiones, fortalecer el sistema de seguridad social, impulsar la construcción de infraestructura pública, modernizar el mercado energético, propiciar la mejora del talento humano, promover una política de Estado sobre empleo, eliminar trámites innecesarios y regulaciones ineficientes, compatibilizar el crecimiento con la estabilidad económica y mejorar la seguridad ciudadana.

Reformar el Estado es una necesidad de vieja data. El diagnóstico es conocido –se ha asomado muchas veces en las páginas de este diario–, pero ha sido consistentemente ignorado por la clase política, incluidas las autoridades del actual gobierno y la Asamblea Legislativa. El Estado como un todo –sus tres poderes, entidades autónomas y empresas públicas– gasta mucho, mas su aporte a la conformación del PIB es relativamente poca. Mucho se destina a sueldos y remuneraciones, pero poco a la prestación de servicios. Y estos, además, se prestan con menor eficiencia y eficacia de la requerida para impulsar el desarrollo y mejorar la competitividad.

Para reformar el Estado, los empresarios proponen, entre otras cosas, adoptar un nuevo reglamento legislativo capaz de agilizar la aprobación de las leyes; modificar el Estatuto del Servicio Civil para hacerlo más ágil y flexible y –ojalá– extenderlo a todas las instituciones para racionalizar y uniformar sus disposiciones y evitar los odiosos privilegios y discriminación entre servidores públicos; y modernizar la Ley General de Administración Pública. Pero la negativa del presidente Solís a discutir la reforma del Estado anula toda posibilidad, al menos en su administración: “La reforma del Estado es esencial y hay que hacerla, pero no la voy a hacer yo”, dijo. Su prioridad, agrega, se reduce a subir impuestos, lo cual prácticamente impide toda negociación política.

La Uccaep también propuso trasladar competencias de la Sala Constitucional a otros tribunales. Es una propuesta riesgosa. La Sala IV es un tribunal altamente especializado, cuya función esencial es resguardar los preceptos de la Constitución Política para evitar que leyes, reglamentos y decretos anulen lo que ha dado origen a la institucionalidad costarricense, incluidas las libertades públicas, y es una especie de muralla contra la arbitrariedad. Aunque se pueda mejorar su funcionamiento y hacer más expedito su actuar, sería un error disminuir sus funciones.

La función del Estado en muchos aspectos es invasiva y reglamentista. Emprender una nueva actividad es muy difícil y desarrollar las existentes choca con tantas trabajas y requisitos formales que al final se inhibe la inversión. El Consejo de Competitividad promovido a instancias de los empresarios, con participación de otros sectores, tiene plena validez y debería ser elevado a un buen nivel institucional. También es recomendable la participación de ese sector en la elaboración de las políticas ambientales, muchas de la cuales son muy costosas e ignoran los efectos sobre la productividad, la inversión, el crecimiento y el empleo. Es indispensable cuidar el ambiente, pero también la producción, las fuentes de trabajo y el bolsillo de los costarricenses.

Compatibilizar la estabilidad con el crecimiento económico es otra de las recomendaciones de la Uccaep. Aunque la inquietud fue externada desde el 2014, cuando la inflación era mayor, debe ser una preocupación permanente. “Los agentes económicos siguen evaluando el entorno macroeconómico de un país en el momento de tomar sus decisiones de inversión y, en ese particular, la inflación forma parte de las variables más importantes”, dice la Uccaep. Coincidimos plenamente. También con las reformas propuestas para ampliar y abaratar la oferta energética, factor permanente en los costos de producir.

Corregir el desequilibrio de las finanzas públicas, darles sostenibilidad, mejorar la eficiencia del gasto y revertir la gran disparidad entre erogaciones corrientes e inversión es una tarea primordial de la reforma del Estado. En esto, la posición de la Uccaep es muy clara. Señala los riesgos latentes del desequilibrio macroeconómico, su impacto actual y potencial en la calificación internacional de riesgos y el estrujamiento financiero a la producción. Sin embargo, el cambio más significativo en la posición de los empresarios es su disposición a discutir impuestos, principalmente la conversión de ventas en el IVA y la modernización del gravamen sobre la renta, todo aparejado a la reducción de gastos y la sostenibilidad de la deuda pública. También propone, como complemento, poner sobre el tapete las denominadas reglas fiscales para evitar crisis recurrentes en el futuro. Esa posición es más flexible e inteligente, comparada con la anterior.

La situación fiscal es crítica. A pesar de las negativa presidencial a tan siquiera discutir la reforma del Estado, el problema es tan complejo que resulta necesario sentarse a dialogar, poner las posiciones en la mesa de discusión y avanzar en las soluciones con el aporte de todos los sectores, incluidos trabajadores, agrupaciones políticas y el propio presidente de la República. Pero una cosa debe quedar bien clara: discutir impuestos no necesariamente significa aceptar su aprobación sin que, en paralelo, se resuelvan los problemas del Estado y el gasto público. En esto último, la aprobación concomitante de las reglas fiscales resulta esencial.