EscucharLa fracción oficialista titubea sobre el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a la diputada Laura Garro, acusada por la Fiscalía de falso testimonio por sus declaraciones en el juicio contra el extesorero del Partido Acción Ciudadana (PAC) y un colaborador condenados por estafar ¢353 millones al Estado. La agrupación política, fundada como abanderada de la ética, también fue hallada responsable civil.
La legisladora reconoció ante la policía judicial su firma en uno de los falsos contratos utilizados para cometer la estafa, así como la distribución de documentos similares en Puntarenas. También dijo haberlos recibido de uno de los condenados, pero, en el juicio, casi todo lo olvidó. No se trata de cualquier diputada. Garro fue jefa de fracción y es una de las legisladoras influyentes en la bancada.
La gestión parlamentaria del PAC se ha apartado en varias oportunidades de las promesas éticas de campaña. La transparencia quedó en entredicho cuando la Sala Constitucional condenó la retención de información pública por el Directorio legislativo presidido por el oficialismo, pero, antes, habían caído otros principios pregonados en épocas de oposición.
La negociación de plazas de asesores a cambio de votos para el Directorio y el nombramiento de la presidenta del partido en una plaza de chofer, ajustada para devengar más salario, antecedieron a la burla pública del Código de Ética por el diputado Henry Mora, quien utilizó vehículos de la Asamblea Legislativa en al menos 12 ocasiones contra la disposición expresa que los candidatos a diputados prometieron respetar.
Hay otros ejemplos, mas el levantamiento de la inmunidad de Garro confronta al PAC con un problema clásico de lo que esa agrupación insistía en llamar la “política tradicional”. Cada cuatrienio trae un escándalo legislativo, pero la solicitud de levantamiento de la inmunidad establecida en la Constitución de 1949 nunca prospera, salvo un caso injusto: el joven diputado Mario Echandi sufrió la cancelación de su fuero por razones políticas, no éticas, poco antes de ser elegido presidente.
El bipartidismo construyó muros inexpugnables en defensa del privilegio parlamentario y Acción Ciudadana lo denunció tantas veces como le fue posible. En el 2012, la comisión legislativa encargada de estudiar el levantamiento de la inmunidad del diputado Jorge Angulo intentó tramitar el caso en secreto. Una resolución de la Sala Constitucional impuso la transparencia, pero la pretensión evidencia la resistencia de la Asamblea Legislativa a que los suyos rindan cuentas.
Carlos Alvarado, candidato presidencial del partido de gobierno, no muestra prisa por lograr el cumplimiento de la disposición del Código de Ética que ordena renunciar a la inmunidad a quien sea objeto de una acusación formal. El nuevo dirigente del partido prefiere promover una reflexión y una discusión detallada, “en equipo”.
Javier Cambronero, jefe de fracción, tampoco tiene prisa. Alega falta de notificación y plantea el caso como si se tratara del simple criterio de un fiscal, cuando es el tribunal, en sentencia, el que tuvo por acreditado que “la testigo faltó a la verdad en tres aspectos esenciales”. El único urgido es el fundador de la agrupación, Ottón Solís, quien no se ha cansado de pedir coherencia a su partido, con poco éxito.
La tragedia es que el PAC tenía razón cuando se revelaba contra las prácticas del pasado y hoy desacredita aquellas protestas con sus acciones. El liberacionista Jorge Angulo renunció a la inmunidad como lo había hecho en la administración anterior su colega Maureen Ballestero, a quien se le atribuyó una falta mucho más leve, pero ferozmente criticada por el PAC. Quizá esos sean, ahora, irónicos ejemplos para el partido de gobierno.
