Es indispensable hallar una solución definitiva a la sede del Congreso antes de que el Ministerio de Salud vuelva a amenazar con su clausura

 15 mayo, 2014

El primer secretario del Directorio de la Asamblea Legislativa, diputado Luis Vásquez, prometió en su discurso inaugural luchar porque el Congreso finalmente disponga de un edificio moderno, acorde con sus necesidades como primer poder de la República y dinamizador del centro cívico de la ciudad, del que participan también el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Corte Suprema de Justicia.

Después de un proyecto otorgado y no realizado, y un largo periodo de indecisiones y falta de voluntad política, en que el visible deterioro del inmueble parecía correr parejo con la pérdida de credibilidad parlamentaria entre los costarricenses, en el 2012 se convocó a un concurso internacional que prometía resolver el problema de forma permanente.

Hace un año, el fallo del jurado, que escogió un edificio-puente que representa simbólicamente la horizontalidad de la democracia, puso en ruta de colisión a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). Aunque el rechazo del Centro de Patrimonio Cultural cobró notoriedad al final de la Administración Chinchilla, cuando ya era muy poco lo que podía hacerse para rescatar o evitar la confrontación directa, esta posición adversa se conoció desde el 2013 y se fundamentó en las razones que lo condenaron posteriormente.

Si bien en esta historia se le ha atribuido el papel de villano al MCJ, al menos de parte del Parlamento anterior y del Fideicomiso Inmobiliario del Banco de Costa Rica, las culpas están repartidas. Por un lado, es inexplicable que el exministro Manuel Obregón se haya tomado tanto tiempo para contestar una apelación y así ratificar o desaprobar la decisión de uno de sus departamentos técnicos, reenviándole el problema al Congreso saliente o, en el peor de los casos, al Gobierno entrante.

A la vez, en ningún momento, el Centro de Patrimonio Cultural fue consultado ni incorporado al proceso por los representantes de la Asamblea Legislativa, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el Fideicomiso y los expertos que intervinieron en la selección del proyecto ganador, a pesar de que la decisión final también iba a recaer en sus manos.

Desde un principio, Patrimonio Cultural expresó su inquietud por no haber tenido ninguna injerencia en el concurso y, una vez conocido el fallo, fue claro en externar sus dudas sobre la escala, proporcionalidad de la intervención y carácter invasivo y pretendidamente “aplastante”, a su juicio, del complejo arquitectónico planeado, que abarca un área constructiva de 50.000 metros cuadrados.

Si estos son “criterios puramente subjetivos” o celos institucionales, como han aducido los defensores del nuevo inmueble, no lo sabemos, porque el tema, inevitablemente polémico, llegó a la palestra pública en el peor momento y se quiso imponer “a revienta cinchas”, sin importar su costo político. A pocos días de terminar una legislatura, acercar posturas o discutir consideraciones técnicas, en un clima de mínima serenidad, era imposible.

La respuesta de la Asamblea Legislativa, que fue apoyada por la Casa Presidencial, a contrapelo de la posición del MCJ, consistió en un proyecto para desafectar los terrenos y edificios legislativos de la Ley de Patrimonio Histórico-Arquitectónico. Exacerbó aún más la controversia y habría sentado un peligroso antecedente en un campo casi completamente desprotegido en nuestro país.

Es indudable que Costa Rica requiere un nuevo Parlamento y que su construcción no solo debe ser funcional, sino también proyectar de forma vigorosa y transparente la democracia que deseamos en el siglo XXI, así como la recuperación del centro histórico de San José.

El nuevo periodo que se abre, tanto en la Asamblea Legislativa como en el país, crea un espacio propicio para rescatar una iniciativa que ya ha implicado la erogación de ¢1.400 millones en diseño, planos y gastos administrativos. Lo deseable, por supuesto, es no comenzar de cero y aprender de los evidentes errores que acompañaron este proceso. El MCJ considera que un buen punto de partida es revalorar los proyectos que ocuparon los lugares 2, 3 y 4 en el concurso, ya que son “menos invasivos”.

Es indispensable que el nuevo edificio parlamentario vuelva a la agenda de discusión, de forma coordinada y deliberativa, y que se le encuentre una solución definitiva a la sede del primer poder de la República antes de que el Ministerio de Salud vuelva a amenazar con su clausura.