La Procuraduría se pronunció contra el desempeño del ICE en actividades ajenas a su cometido legal, pero el MOPT encontró tres sutilezas para contratarlo

 26 noviembre, 2015

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) decidió poner a prueba los alcances de un dictamen de la Procuraduría General de la República sobre la posibilidad de reclutar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para prestar su colaboración en el desarrollo de infraestructura.

La Procuraduría se había pronunciado contra el desempeño del ICE en actividades ajenas a su cometido legal, pero el MOPT encontró tres sutilezas a cuyo amparo le contrató la supervisión de 28 kilómetros de carretera entre Sifón y La Abundancia de San Carlos, por un total de ¢2.131 millones.

El criterio de la Procuraduría se produjo como respuesta a una consulta del diputado Otto Guevara, y como ese tipo de pronunciamiento solo vincula a la administración consultante, el Ministerio decidió no acatarlo. La duda sobre la legalidad de la contratación se pudo haber despejado con una consulta, pero la respuesta, en ese caso, sí sería vinculante. Según el ministro Carlos Segnini, la consulta habría desembocado en un proceso paralizador de la obra.

En segundo lugar, el MOPT alega la naturaleza de los trabajos por ejecutar. El ICE no construirá la carretera, solo la supervisará. Por esa razón, no caería en el exceso prevenido por la Procuraduría, cuyo pronunciamiento se refiere al desarrollo de obra pública. Claro está, hay motivos para sospechar la aplicabilidad del pronunciamiento a la hipótesis de la supervisión. Más allá de pronunciarse sobre construcción y supervisión, los procuradores señalaron al ICE su obligación de ceñirse a la competencia fijada por ley.

En consonancia con el criterio de la Procuraduría, la Contraloría General de la República se pronunció, el 14 de setiembre, en lenguaje claro, sin necesidad de distinguir entre supervisión, construcción o cualquier otra actividad: “Ambos sujetos de contratación deben contratar en el marco de sus respectivas competencias, motivo por el cual no es admisible que una entidad pública, sujeta al principio de legalidad, aparezca obligándose a prestaciones que escapan de su ámbito competencial”.

Pero el MOPT tampoco se planteó la duda sobre la compatibilidad entre el “ámbito competencial” del ICE y la supervisión de carreteras. En consecuencia, la División de Fiscalización de la Contraloría ya anunció su propósito de estudiar el contrato para pronunciarse sobre una posible nulidad.

La tercera sutileza se relaciona con el proceso de contratación propiamente dicho. El MOPT abrió un concurso y lo declaró desierto. A falta de supervisor para la obra, salió corriendo a contratar al ICE por razones de celeridad. Los análisis jurídicos del Ministerio indican la factibilidad del convenio porque el criterio de la Procuraduría, dice el ministro, “es muy matizable; todo en derecho es interpretable”.

En suma, está en entredicho la compatibilidad de la contratación con las tesis de los procuradores, las resoluciones de la Contraloría y la ley. Si el pronunciamiento de la División de Fiscalización no favorece al MOPT, la obra quedará sin supervisión y el tiempo se habrá perdido. Es un resultado probable, pero el Ministerio asumió el riesgo porque, en el fondo, intenta probar los límites a las pretensiones del gobierno de meter al ICE en el negocio de la construcción.

Las nuevas tareas contribuirían a justificar la extensa planilla del instituto, cuya ejecución de obras propias no siempre ha culminado con éxito. Pero el gobierno ha sido persistente, desde el anuncio de estudios para brindar servicios del ICE en el extranjero hasta la propuesta de ejecutar obra en el país y, ahora, la posibilidad de contratarle responsabilidades de supervisión. Lo importante, por lo visto, es darle quehacer al ICE y abrirle nuevas oportunidades de negocio, a riesgo de sufrir un revés en la nueva carretera a San Carlos.