Una cosa es hacer buenas obras de ingeniería; otra, dedicarse a la construcción

 3 junio, 2015

Casi desde el momento de su creación, en 1949, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) comenzó a desarrollar un fuerte músculo de ingeniería, como necesidad para cumplir con la misión original que se le encomendó: la generación y transmisión de electricidad. El más reciente producto de su trabajo ingenieril, sin duda notable, ha sido la ampliación de la planta hidroeléctrica de Cachí –incluido un nuevo túnel de seis kilómetros de largo y cinco metros de ancho–, para elevar su potencia de 100 a 160 megavatios (MW) y generar la energía equivalente al consumo de 71.000 hogares, adicionales a los 120.000 que cubre.

En medio del acto inaugural de esa obra, el presidente, Luis Guillermo Solís, manifestó su deseo de que el ICE se dedique, como parte de sus actividades, a la construcción de obra pública. A simple vista, parece una ocurrencia. Y lo es. Pero la intención tiene matices más serios y, por ende, preocupantes. El presidente dijo estar seguro de que existe “la voluntad política de la institución y del Gobierno” para asumir esas tareas. Más aún, solicitó el apoyo de la Asamblea Legislativa para realizar las reformas legales que sean necesarias para allanar el camino a la idea.

A lo anterior se añade que, en noviembre del pasado año, el ICE anunció su decisión de ofrecer sus servicios para construir megaproyectos de generación fuera del país. “Encontramos que nuestra área de Ingeniería y Construcción tiene una enorme capacidad, que podríamos exportar y aprovechar mucho más”, dijo entonces Randall Retana, asesor de la Presidencia Ejecutiva de la institución.

La conclusión es que estamos ante un plan todavía impreciso, pero con influyentes adherentes, para que el ICE se convierta también en una compañía constructora y, de este modo, distorsione peligrosamente su misión, asuma nuevos riesgos, acapare actividades del ámbito privado, introduzca aún mayor confusión en sus manejos financieros y mantenga esa “enorme capacidad” que, según podemos concluir de las palabras del asesor Retana, permanece improductiva durante mucho tiempo. Es decir, en lugar de hacer los ajustes internos para convertirse en una entidad más productiva, ligera y focalizada, el ICE, el presidente y otros altos funcionarios desean evitar cualquier transformación institucional, aunque sea a costa de que la entidad extienda sus tareas y genere costosas ineficiencias y distorsiones.

Una cosa es hacer buenas obras de ingeniería en función de un objetivo central: generar electricidad; otra, convertir esa tarea en parte de la misión institucional, y todavía otra más distinta es lograr que se convierta en un verdadero negocio por sí misma. Debido al turbio manejo que hace el ICE de su información financiera, hoy ni siquiera sabemos si técnica y económicamente es mejor que construya sus propias plantas o que las contrate a compañías externas; menos aún sabríamos si, de crear una compañía constructora como parte del grupo, las tarifas eléctricas o de telecomunicaciones terminarían subsidiando esa división.

Hasta ahora, el ICE solo divulga las auditorías de sus estados financieros consolidados, con lo cual es imposible determinar los costos internos de sus distintas unidades y cómo se asignan cargas e ingresos entre ellas. El mes pasado, la directiva de la institución declaró “secreta” la información financiera en torno a su subsidiaria Radiográfica Costarricense, empresa que se ha caracterizado por su ineficiencia y pésimas inversiones, que nos han costado millones de dólares a los costarricenses. A esto se une la negativa del Poder Ejecutivo a enviar a la Asamblea Legislativa copia del llamado “Informe anual de rendición de cuentas” del ICE y sus subsidiarias. Esta tendencia al secreto es en extremo preocupante.

De todo lo anterior, la conclusión es doble: por un lado, no existe justificación racional alguna para que el ICE, como una ameba, pierda todavía más su focalización y, por ende, su competitividad; por otro, la insistencia en ampliar su rubro a la construcción para terceros parece destinado a ocultar ineficiencias y rigideces internas, y a eludir la modernización de su estructura y procesos. Así, la iniciativa antepone los intereses de la institución –con las virtudes ingenieriles que sin duda tiene– por encima de los intereses nacionales. Se entiende que funcionarios del ICE, apegados a la rigidez y los intereses creados, anden detrás de la idea, pero bajo ningún concepto se justifica que la impulse el Ejecutivo.