EscucharEl Partido Liberación Nacional (PLN) perdió el rumbo y los efectos del extravío podrían ser desastrosos para Costa Rica. Durante la administración de la presidenta Laura Chinchilla, la agrupación no cesó de manifestarse preocupada por los desequilibrios macroeconómicos y luchó por una reforma fiscal para contribuir a corregirlos.
Consecuente con esa actitud, el Partido combatió iniciativas dispendiosas planteadas por los diputados, incluida la reforma ideada para facilitar el traslado de 4.000 docentes al Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, con un costo de ¢505.000 millones para las finanzas públicas.
El 18 de diciembre, en las postrimerías de la Administración Chinchilla, el viceministro de Egresos, José Luis Araya, insistía en la oposición al plan y advertía de sus efectos nocivos para la economía nacional. Ahora, a pocos meses de esas advertencias, Liberación Nacional se alía con el Frente Amplio para impulsar la reforma sin importar las consecuencias.
Las prioridades cambiaron con la derrota electoral. Ahora, el PLN abandona la exploración de nuevos ingresos y procura aumentar los gastos. Es la misma economía y el mismo déficit, pero otro Liberación Nacional, mucho menos responsable y más propenso a jugar para la gradería.
La voltereta es todavía más asombrosa en el caso de algunos diputados liberacionistas. Sandra Piszk, exviceministra de Planificación y Política Económica, exviceministra de Economía, Industria y Comercio, y exministra de Trabajo y Seguridad Social, no puede alegar desconocimiento del impacto del plan sobre la economía nacional. Quien haya ocupado esos puestos conoce perfectamente las consecuencias de un colosal incremento en los gastos.
Antes de aparecer como defensora del nuevo egreso multimillonario, la diputada había generado titulares con su propuesta de reforma del empleo público para eliminar privilegios y mejorar las finanzas. El compromiso con el orden y la austeridad duró tanto como el mandato liberacionista y, en su nueva versión, la ahora diputada apoya la reforma porque los números de la Junta de Pensiones del Magisterio apuntan a un costo de ¢250.000 millones, la mitad del proyectado por Hacienda en esta y en la anterior Administración.
Si el Ministerio de Hacienda estuviera equivocado y el costo fuera el defendido por Piszk y la Junta, tampoco estaríamos hablando de una insignificancia. Los ¢250.000 millones son más de la mitad del ingreso proyectado del Plan de Solidaridad Tributaria promovido por la Administración Chinchilla, unos ¢450.000 millones. Ahora, Liberación Nacional no solo olvida la necesidad de incrementar los ingresos fiscales en esa suma, sino que procura gastar ¢250.000 millones más, cuando menos, si los cálculos de la parte interesada son correctos.
El Partido Acción Ciudadana (PAC) tampoco ha sido un modelo de coherencia. El triunfo electoral también lo transformó. Salvo el grupo de diputados identificados con Ottón Solís en la legislatura pasada, el resto de la agrupación se opuso a la reforma fiscal. Además, el proyecto de reforma a las pensiones del magisterio fue planteado por el PAC en el 2009. Ahora, Acción Ciudadana se apresta a proponer reformas tributarias graduales y se opone a modificar las pensiones en comunidad con el Partido Unidad Socialcristiana y el Movimiento Libertario.
La política no debe conducirse así, pero la diferencia entre el PAC y el PLN es que el primero lleva la razón en este momento y, el segundo, tiene demasiados años de prédica sobre la situación fiscal y los privilegios como para ejecutar semejante pirueta en la actualidad. Ojalá el PAC, en el poder, haya encontrado definitivamente el camino. Ojalá, también, el PLN retome el suyo.
