EscucharCon el transcurso del tiempo, el presidente Rafael Correa ha pasado de presiones más o menos disimuladas sobre los medios de comunicación independientes a medidas represivas disfrazadas de algún grado de legalidad hasta llegar, ahora, a la más flagrante agresión. En esfuerzo por silenciar a la crítica no parece tener límites ni el Gobierno escatima el empleo de cuantos recursos estén a su disposición para lograr el cometido.
En condiciones extrañas, los tribunales emiten desproporcionadas condenas de cárcel y ordenan resarcimientos fijados en decenas de millones de dólares. El Congreso limita las inversiones de los medios de comunicación y sus propietarios en otras actividades económicas, y el mandatario ordena retirar la publicidad oficial de “los medios mercantilistas”, como si el gasto en comunicación se hiciera con dinero de sus bolsillos y no con los impuestos pagados por los ecuatorianos.
La retórica de Correa es también violenta y el calificativo de mercantilistas endilgado a los medios independientes palidece al lado de otros de uso frecuente, como “corruptos” y “mediocres”. Mientras el presidente agrede a los medios de comunicación no afectos a su gobierno, desarrolla una extensa red de canales para la difusión del mensaje oficial, incluyendo emisoras de radio y televisión, periódicos y hasta una agencia de noticias.
El mandatario también hace uso frecuente de las cadenas de radio y televisión. Según el periódico español El País , entre su acceso al poder en el 2007 y mayo del 2011, se dirigió a los ecuatorianos mediante 1.025 cadenas, además del programa Enlace Ciudadano, transmitido los sábados, 280 veces en el mismo periodo.
Los funcionarios públicos no pueden ofrecer declaraciones a los medios independientes y el mandatario les impone un absurdo deber de no mencionar a los candidatos presidenciales en los meses previos a las elecciones del próximo mes de febrero. El contrasentido es evidente. Cuando más grande es la necesidad de ventilar programas y examinar la conducta de los aspirantes, más limitaciones se interponen en el camino de los informadores.
El mandatario goza de su red de medios para ensalzar las virtudes de su administración y apenas le hace falta hacer más propaganda o lograr mayor difusión de sus actos, así que no hay duda de quién sale ganando cuando los medios independientes no pueden mencionar a nadie.
Si las perversas prácticas del Gobierno ecuatoriano son condenadas por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la diplomacia ecuatoriana entra en juego para intentar cortar las alas de la Comisión Interamericana y de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El esfuerzo no estuvo lejos de culminar con éxito, gracias a la ayuda proporcionada por Venezuela, los países donde ejerce influencia y algunos despistados que en mala hora decidieron saldar enojos de otra naturaleza y momento.
La Cancillería ecuatoriana fracasó frente a los esfuerzos de países como el nuestro, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, pero no se dio por vencida. Intentó promover la elección de comisionados afines para extender su influencia en los organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA). Por fortuna, tampoco tuvo éxito.
El presupuesto nacional, el Poder Legislativo, la Corte Suprema de Justicia, la Cancillería y todas las demás dependencias del Ejecutivo, mejor dicho, el Estado como un todo, deja caer su peso sobre los medios independientes ecuatorianos y sobre el justo propósito, en medio de tanta represión, de ejercer el derecho humano a la libre expresión. De ese derecho queda poco en Ecuador, pero eso no disminuye la admiración debida a quienes se esfuerzan por preservarlo.
