La mayoría de los obstáculos al desarrollo son normativos, regulatorios y administrativos

 7 abril, 2016

En materia de eficiencia productiva y competitividad económica, Costa Rica está inserta en un embudo. En la parte ancha se acumulan una serie de ventajas comparativas y competitivas notables, como nuestra estabilidad, capacidad de innovación, excelente ubicación geográfica, red de tratados comerciales, seguridad jurídica, recursos humanos de primer nivel y afán de superación individual. Pero todo este potencial –que también es realidad– tiene una salida muy estrecha, que no hemos logrado ampliar a lo largo de los últimos años, y que debilita, de manera progresiva, nuestra capacidad de crecimiento y desarrollo.

Entre las trabas se acumulan la deficiente infraestructura, que en transporte urbano casi ha llegado al colapso; la tramitomanía, que innumerables comisiones no han logrado desatar; las enormes trabas para la toma y ejecución de decisiones políticas; la desconexión entre los recursos dedicados a educación y capacitación y las necesidades del mercado laboral y los sectores productivos; y la escasa extensión y profundidad del bilingüismo.

Esta es, en síntesis y con matices de énfasis, la conclusión a la que llegaron cinco grandes conocedores de la materia, durante el primer foro “Visionarios 20/20”, organizado por La Nación con el apoyo de un grupo de empresas, en el cual se discutió sobre “Desventajas competitivas de Costa Rica y los medios para remediarlas”. En nuestra edición del pasado sábado publicamos una amplia información sobre su desarrollo, y el video completo de las exposiciones está en nuestro sitio web, www.nacion.com.

Desde un punto de vista conceptual y programático, resultaría relativamente fácil ensanchar el tubo del embudo y permitir que nuestras fortalezas se potenciaran con rapidez. Ninguna de las trabas señaladas tiene un carácter macroestructural, y tampoco puede aducirse, como escollo, una incapacidad de acceder a recursos para la inversión. Más bien, en infraestructura ha ocurrido lo contrario: hemos recibido múltiples empréstitos con excelentes términos que no se ejecutan por trabas legales (las menos) y administrativas (las más), y podríamos acudir al capital privado con mayor ímpetu mediante las concesiones. Por otra parte, los fondos dedicados a educación y capacitación, excluidas las instituciones privadas e incluido el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), superan, como proporción del producto interno bruto, los asignados por la mayoría de los países del mundo.

Los mayores problemas tienen carácter normativo, político y de gestión, y como han sido diagnosticados hasta el cansancio, para allanarlos ni siquiera habría que hacer nuevos estudios. Bastaría con decisiones políticas, que pasen por cambiar las disposiciones legales que entraban el diseño y ejecución de políticas públicas; fomentar un diálogo social inteligente y no interminable, que vaya más allá de los sectores tradicionales enquistados en sus ventajas o rentas; eliminar las trabas reglamentarias y administrativas sin sentido; reasignar los recursos destinados a educación y capacitación –en todos los niveles–, para sintonizarlos con las necesidades del país y las aspiraciones de estudiantes y trabajadores; facilitar la reincorporación de los talentos en el exterior, sistemáticamente rechazados por los kafkianos trámites para el reconocimiento de títulos; fomentar la competencia interna; agilizar y fortalecer los mecanismos estatales para la construcción de obras públicas; y abrirnos responsablemente a las concesiones.

En esa lista, a la que se pueden añadir otros elementos, no hay nada desconocido y tampoco que requiera décadas para ser abordado con éxito. Lo que se necesita es articular las voluntades y tomar las decisiones para hacerlo. Sin embargo, hasta ahora esto solo se ha logrado en dosis homeopáticas, sea por falta de adecuada visión desde las instancias más elevadas, por cortoplacismo de los actores políticos, por el exacerbamiento de las trabas para negociar, aprobar y ejecutar decisiones legislativas, y por los intereses creados que, sin capacidad para proponer, tienen enorme poder para obstaculizar.

Quebrar esta maraña es en extremo complejo. Si fuera fácil quizá ya lo habríamos logrado. Pero la dificultad es una razón de más para no cejar en el empeño, mediante el conocimiento, la divulgación, las exigencias y la acción bien concertada. La mayor capacidad de incidencia está en las instancias gubernamentales, pero la sociedad civil puede convertirse, al menos, en una robusta fuente de ideas y propuestas que superen la inercia, los intereses creados y la miopía. Eso pretendemos con nuestros foros.