EscucharLa polémica ya tiene nombre. Es el debate del “desenganche” entre los aumentos salariales del Gobierno central y los de los médicos. La Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, aprobada en 1982, establece la obligación de elevar el salario de los médicos cuando la administración pública decreta un alza para sus empleados.
El desencuentro entre la Unión Médica Nacional y la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) es total. La ANEP ha dado un paso al frente para denunciar el efecto depresivo de la ley de incentivos sobre el salario de los demás trabajadores de la administración pública. No pretende afectar el actual salario base de los profesionales, pero sí deshacer el mecanismo de aumento automático vinculado a los ajustes del Gobierno central.
La carta planeada por la ANEP para llamar a los médicos al diálogo ya no será enviada. Según Albino Vargas, secretario general del Sindicato, la idea fue descartada por los “infundados” ataques a su organización. Los cargos de persecución contra los profesionales en medicina, dice Vargas, son “injustos”, “casi calumniosos”.
La Unión Médica, por intervención de su dirigente Carlos Abarca, acusa a la ANEP de tender una “cortina de humo total y absoluta”. Abarca se queja de la creación de “una lucha de clases ilegal, inmoral”. En sus 19 años de pertenecer al Sindicato, afirma, ni la Caja ni el Gobierno le ha mostrado jamás un documento donde conste el efecto limitante de la ley de incentivos médicos sobre los salarios del resto de los trabajadores.
Los argumentos del dirigente médico suenan huecos. Nadie ha convocado a la lucha de clases ni hace falta documento alguno para demostrar una realidad incontrovertible. Si los aumentos salariales del Gobierno central repercuten automáticamente en los ingresos de los profesionales en medicina, ninguna administración puede dejar de tomarlo en cuenta a la hora de aprobar un ajuste.
Los ejemplos son tan frecuentes como han sido los aumentos salariales del Gobierno central desde 1982. Cuando la administración pasada perdió de vista el efecto automático, contribuyó a generar la gravísima crisis financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social. La presidencia ejecutiva del Ing. Eduardo Doryan disparó el gasto en planillas un 88%, en parte por la desmedida cantidad de contrataciones y, en parte, por la aplicación de ajustes automáticos a funcionarios no cobijados por la ley de incentivos médicos, pero la contribución de esa ley a la crisis es significativa.
En el 2010, el Gobierno central dispuso elevar el salario de sus empleados al percentil 50. Fue una medida justa en relación con los niveles salariales de otras instituciones del Estado, incluida la Caja, según los estudios del Servicio Civil. El ajuste disparó la aplicación de la ley de incentivos médicos y produjo importantes aumentos salariales para esos profesionales. La administración actual, y las futuras, no pueden obviar esa experiencia al decretar alzas para el Gobierno central.
No hay cortina de humo, ni engaño, ni hace falta un documento para comprenderlo. A lo sumo, bastaría señalar la disposición legal donde se crea el “enganche”. Los salarios de quienes menos ganan no pueden ser mejorados sin disparar el gasto con ajustes automáticos previstos por ley para una categoría profesional mucho mejor remunerada. Salvo la irresponsable presunción de una fuente infinita de recursos, los salarios de unos deben ser frenados para no engrosar automáticamente los de otros, menos necesitados.
La ANEP lleva razón en sus planteamientos. La Caja se suma a ellos y coadyuva en una acción de inconstitucionalidad planteada contra la ley de incentivos médicos. “La normativa da pie para que se viole el principio de igualdad. Los médicos obligaron al Gobierno, hace 30 años, a hacerles un reconocimiento salarial distinto al resto de profesionales, y nadie nunca calculó lo que significaría esa carga. Con los años, esto se volvió insostenible”, dice el abogado Sergio Jiménez, promotor de la acción. Son razones claras para un policía y cualquier otro ciudadano consciente de la imposibilidad de costear semejantes privilegios y mantener las iniquidades a que dan pie.
