El Programa de Abastecimiento Institucional se ha transformado en un serio inconveniente

 17 marzo, 2015

No es por falta de presupuesto, mucho menos de necesidad. El gran problema que enfrentan en este momento decenas (quizá centenares) de comedores escolares en varias partes del país es la incapacidad del Consejo Nacional de Producción (CNP) para proporcionarles alimentos variados, frescos y a tiempo.

De este modo, las ineficiencias de una institución del Estado se exportan a otras; en este caso, un programa clave que atiende a uno de los sectores más vulnerables e importantes de nuestra población: los niños de escasos recursos que, sin el soporte de los comedores, no pueden recibir una dieta adecuada.

La crítica situación quedó al descubierto mediante una información que publicamos el miércoles de la pasada semana, con énfasis en centros educativos de la zona norte, Pérez Zeledón y Sixaola. Hasta esa fecha, se habían presentado 50 denuncias ante el Ministerio de Educación por inoperancia del sistema. Las fallas y quejas más generalizadas no dejan lugar a dudas sobre la magnitud del problema: tardanza en entregar los productos, alimentos en mal estado, carnes de dudosa frescura y precios más altos. ¿Podemos imaginar una peor combinación?

Para las escuelas afectadas, la solución sería sencilla: adquirir alimentos en sus propias localidades, lo cual, además de mejorar el suministro, generaría eficiencia y desarrollaría mejores relaciones entre los centros educativos y sus comunidades. Sin embargo, como afirmó la directora de la escuela Las Palmas, en San Carlos, a partir de este año los obligaron a comprarle al CNP. Los resultados están a la vista. Si demuestran el fracaso del modelo, lo lógico es darles libertad a los comedores para adquirir suministros en sus localidades, con controles básicos para velar por el buen uso de los recursos públicos.

Las deficiencias provienen directamente del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), una de las principales áreas de acción del CNP que, sin embargo, ha enfrentado distintos problemas a lo largo del tiempo. Estos no solo tienen que ver con su falta de capacidad para cumplir las funciones adjudicadas por ley, sino, también, con sistemáticos problemas presupuestarios. Por ejemplo, a principios del pasado mes el Consejo anunció el retraso de la adquisición de un nuevo edificio, al que se trasladaría luego de vender el actual al Banco de Costa Rica, porque dedicó parte de los recursos de ese proyecto al pago de deudas atrasadas con proveedores del PAI.

Según una reforma a la Ley Orgánica del CNP aprobada en el 2008, las instituciones del Estado están obligadas a adquirir del Consejo “todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta institución, a los precios establecidos”. Este mandato, incluido en el primer párrafo de su artículo 9, fue suavizado en el segundo, al decir que la entidad “deberá fungir, con carácter de prioridad, como facilitador en el acceso a este mercado” (énfasis añadido). Fue así que otros gobiernos interpretaron la norma con cierta laxitud, al menos en el caso de los comedores. Sin embargo, la necesaria flexibilidad se ha convertido ahora en inconveniente rigidez, con los resultados que comentamos.

El propósito manifiesto del PAI es dar oportunidades a los pequeños y medianos productores para que mercadeen mejor sus productos, a precios justos para ellos. Sin embargo, esta intención, en la práctica, no se cumple. Basta tomar en cuenta las deudas acumuladas con esos mismos productores para reparar en el flaco favor que se les hace. Pero existe, además, una cuestión de fondo, que se resume en una pregunta: ¿por qué pretender “apoyar” a unos productores a expensas no solo de los comedores escolares, sino del resto de las instituciones públicas, y, por ende, de la eficiencia y los costos del Estado? La respuesta obvia es que se optó por un camino equivocado, que no cumple con su función manifiesta, pero perjudica al resto de la sociedad.

El PAI parece haberse convertido en un fin en sí mismo; en una razón –muy dudosa, por cierto— para insistir en mantener una institución que, como el CNP, ha dado constantes muestras de ineficiencia, duplicaciones y falta de pertinencia: todo lo que pretende hacer, con impredecible éxito, podría efectuarse mejor, y con menos recursos, desde el Ministerio de Agricultura. El costo de esta disfuncionalidad institucional no solo lo pagamos los contribuyentes, sino, en el caso que comentamos, los niños de muy escasos recursos. Es hora de cambiar.