EscucharEl despilfarro es multiforme. Generalmente, se repara en este vicio cuando es explícito, pero pasa inadvertido cuando se enmascara en la subutilización. Aún más, la subutilización de un bien público se equipara al ahorro. Proviene aquella de una desviación administrativa: en punto a bienes públicos, el desiderátum u objetivo es tener a disposición un determinado equipo. Su utilización y productividad no importan.
Informamos, el lunes pasado, que la epidemia de la subutilización alcanza en la CCSS niveles alarmantes. Algunos datos son suficientes. Cuatro quirófanos no se usan del todo, un mamógrafo solo se emplea dos horas al día; en el hospital Calderón Guardia no se emplean cuatro de las 16 salas de operación. Además, en el hospital México se inauguró una clínica de oftalmología, valorada en 21 millones de colones, con el propósito de concentrar los servicios y de evitar la salida de divisas por operaciones en el exterior. Sin embargo, no se le saca provecho por falta de equipo complementario y de un técnico. En otros hospitales, disponen de un buen equipo oftalmológico, pero la calidad del servicio es deficiente porque los equipos están incompletos.
Dos causas concurren en la extensión de este tipo de derroche: la falta de personal y de material que permita echar a andar el equipo adquirido o la planta física construida e inaugurada, falla derivada de la improvisación o ausencia de planeamiento, ya que se realizan inversiones sin tener en cuenta un aspecto elemental: los equipos y los salones no funcionan solos. Los ejemplos en la administración pública son numerosos, prueba irrefutable de que no es siempre la escasez de recursos el motivo del mal servicio, de la desatención de los pacientes y del abandono de los bienes materiales o técnicos, sino la falta de responsabilidad, de planeamiento y de una evaluación pertinente y puntual de los proyectos o de los gastos presupuestarios. Esta mentalidad explica por qué, como informamos recientemente, no se han aprovechado $1.200 millones en empréstitos por incuria legislativa, por descoordinación oficial y por incumplimiento de la respectiva contrapartida. En síntesis, despilfarro por irresponsabilidad e improvisación.
?A cuánto asciende el monto consumido por este permanente derroche? ?Cuál es su repercusión en las relaciones entre el Estado y los usuarios de estos servicios? Son cuestiones importantes que una correcta visión del Estado y de la reforma del Estado debe analizar. Esta comprobación da respuesta, asimismo, a uno de los más socorridos pretextos para no rebajar el gasto público: la constricción del presupuesto, que constituye, según este criterio, una atadura para los funcionarios públicos. La consecuencia es la preeminencia de las medidas tributarias, pues es más cómodo pedir que ordenar o utilizar en forma rigurosa los recursos públicos, extensivos estos tanto al dinero como a los bienes de la comunidad.
Y si esto ocurre en la CCSS, frente a uno de los derechos más sensibles de los ciudadanos, ?qué no ocurrirá en otras instituciones menos sometidas al control público?
