Las recientes denuncias sobre nombramientos denigrantes para el país en el servicio exterior podría comenzar a dar algunos frutos. Esta esperanza surge de la calidad y composición de la comisión de alto nivel designada por la Cancillería para "analizar la situación del servicio diplomático y consular de la República y el funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores".
Obviamente, no se requería de una comisión de este género ni de una nueva legislación para impedir el nombramiento de personas con antecedentes delictivos, sospechosos o nocivos para el buen nombre del país. Era suficiente guía la distinción entre el servicio público honrado y eficaz, y la mentalidad de botín; entre el interés público y el pago político, entre el bien común y el negocio personal. Lo extraño de esta situación indignante ha sido el tiempo que ha durado, la gravedad de las denuncias formuladas y la pasividad de los gobiernos para poner coto a tantas irregularidades y abusos.
Se llama a esta comisión de alto nivel por la frecuencia y repercusión de los escándalos. Este proceder ha sido típico de la política nacional: se actúa cuando tenemos el agua al cuello, como lo ejemplifican el descalabro de los regímenes de pensiones, la destrucción de las vías públicas, la magnitud del déficit fiscal, la inoperancia de la banca estatal y muchos otros, esto es, cuando la acumulación de problemas nacionales, mantenidos por la imprevisión, la miopía política o el clientelismo, resultan insoportables e inocultables. Si estos han sido los antecedentes, que no lo sean en esta oportunidad las soluciones, y que la comisión no sirva para diluir las responsabilidades del Ejecutivo.
En cuanto al servicio exterior y al funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, esta es una ocasión ideal para actuar a fondo y para establecer un sistema de nombramiento, de organización, evaluación y control que ponga fin al abuso y la destemplanza. Y, aunque no sea cometido de esta comisión investigar lo pasado, pues sería tarea de nunca acabar, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe purificar, con los suficientes mecanismos legales que ahora posee, el servicio exterior, así como el otorgamiento de pasaportes diplomáticos. Se sabe que, pese a la claridad de las normas sobre la materia, muchas personas disfrutan ilegalmente de pasaporte diplomático. En lo tocante a nombramientos, deben seguir en sus puestos las personas que, en verdad, tienen credenciales para representar a nuestro país en el exterio, no las que tienen más amigos o aportan más a los partidos políticos.
En cuanto a la designación de extranjeros, el punto está en establecer un sistema de nombramiento de tal severidad en el escogimiento que se impidan el logrerismo, el tráfico político y personal y, sobre todo, el desprestigio de la nación. Solo a personas muy calificadas se les puede conceder el honor de colaborar con nuestro país en la representación en el exterior. Es preciso, asimismo, fijar pautas de excelencia para que, en vista de que resulta inevitable la designación de embajadores afines a las ideas y propósitos del gobierno de turno, los escogidos posean atestados incuestionables, se garantice la carrera diplomática y se cree un cuerpo de diplomáticos y cónsules de alto nivel ético y académico.
El país cifra sus esperanzas en esta comisión y, sobre todo, en la determinación de la Cancillería de atender y cumplir sus recomendaciones y conclusiones. Por razones éticas, por interés nacional y porque estos son los signos de los tiempos, nuestro país exige una transformación radical de la Cancillería y del servicio exterior.