El fin de la reforma del Estado es el ser humano, pues, por principio, el Estado está a su servicio. En la práctica ocurre, sin embargo, lo contrario: las personas son víctimas permanentes de la ineficiencia y de la falta de autoridad de los funcionarios públicos.
El remedio no se encuentra, con todo, en un diseño grandioso de la reforma estatal o en investigaciones y profundos diagnósticos sobre los males que aquejan a las instituciones públicas. Muchas veces la solución está al alcance de la mano, pues los problemas se sufren y se ven todos los días, y sería suficiente un poco de autoridad y de voluntad para resolverlos. Por otra parte, un arsenal de normas, desde la Constitución Política hasta el poder reglamentario del Estado, provee la medicina. No aparece, sin embargo, el funcionario, el municipio, el ministro, el gerente o el presidente ejecutivo dispuesto a adoptar la más difícil de las resoluciones para un costarricense: ejercer la autoridad y hacer cumplir la ley. El pecado de omisión, más que el de acción, ha minado nuestras instituciones públicas. Nos referimos a continuación, a título de ejemplo, a dos casos concretos.
1. Los vehículos de carga pesada. El reportaje del sábado pasado de nuestra redactora Emilia Mora habla por sí solo. Unos 40.000 vehículos de estos, más 700 de otros países, recorren el territorio nacional "por la libre", dueños y señores de las carreteras, sin triángulos de seguridad, dirigidos muchas veces por choferes sin experiencia, con la licencia vencida, sin respeto por las normas y amparados a la falta de carácter de los inspectores de tránsito. En cuanto a los furgones extranjeros, las propias autoridades reconocen que, al parecer, gozan de inmunidad. A este libertinaje se agrega, como realidad y como pretexto, el pésimo estado de las carreteras, en las que ni siquiera existen rampas de descanso y son escasas las señales. ¿Se requiere una reforma del Estado para ponerles fin a estos problemas, verdaderas agresiones contra los ciudadanos? Solo se necesitan voluntad y sentido de autoridad.
2. Los lotes baldíos o, mejor dicho, los lotes convertidos en basureros, en charrales, en tierra de nadie, inundados de maleza que cubre hasta las aceras y reposa en las vías públicas, en espera de la plusvalía. Los regidores observan diariamente este espectáculo bochornoso, pero, al parecer, disfrutan de él en grande, por cuanto, pese a las numerosas denuncias publicadas, a las quejas de los vecinos y a esta exhibición de incultura, se quedan la mar de tranquilos. Posiblemente creen que el resto de los ciudadanos ya perdió el hábito del aseo, del orden, del respeto y el sentido de la estética.
Los lotes baldíos están regulados en la Ley General de Salud (Art. 282), en la Ley de Tránsito (Art. 208), en el Código Municipal(Art. 88) y en la Constitución Política (Art. 50). Sin embargo, ni el Ministerio de Salud ni la Dirección de Tránsito ni las municipalidades pierden el sueño por estos problemas que, sumados a otras calamidades, nos avergüenzan ante los turistas y significan un irrespeto para los ciudadanos. La incuria de los municipios llega a tal grado que, siendo la multa de 15 irrisorios colones por metro lineal cada trimestre, no se han preocupado por reformar la ley e imponer sanciones muy fuertes contra los propietarios de estos lotes. ¿No será mejor comenzar la reforma del Estado por un vasto esfuerzo de fortalecimiento de la voluntad y de la responsabilidad de los regidores y de los funcionarios públicos?