Son casi rutinarias las noticias de pifias cometidas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Terminan comiéndose inmisericordemente partidas del presupuesto nacional que bien podrían haber sido utilizadas para satisfacer otras necesidades de la sociedad costarricense. Se trata, en muchos casos, de fallas de la contraparte oficial, encargada de velar por la eficiencia del gasto en obras públicas. Las fallas van desde multas elevadas por no ejecutar, en la forma pactada, los desembolsos de préstamos con entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta malos diseños de vías y puentes, causantes de atrasos en la construcción, pasando por demoras atribuibles a expropiaciones hechas a destiempo. Todas aparejan un costo para el país y en mucho obedecen a una mala gestión administrativa en el MOPT.
Dos noticias recientes (“MOPT pagó a constructora 210 días no laborados por lluvias” y “Ministerio promete más rigurosidad con empresa”, La Nación 12/12/2017) ilustran la situación. En el primer caso, la gerenta de la unidad ejecutora de la carretera Chilamate-Vuelta Kooper, María del Carmen Gallardo, afirma que el número elevado de días compensados al contratista por hechos totalmente previsibles, dado el régimen de lluvias en la zona, es consecuencia de no haber incluido en el contrato el tope habitual de cien días.
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La otra justificación ofrecida por la señora Gallardo para explicar que la unidad a su cargo no haya documentado con rigurosidad los pagos es tanto o más preocupante: “No hay ninguna metodología —afirma— que diga exactamente cómo hay que hacerlo. Si se hiciera una metodología en el MOPT o en cualquier otra parte, hubiera sido más fácil” justificar las erogaciones del proyecto.
Lo dicho podría entenderse en una actividad naciente, emprendida por personas inexpertas. Pero el MOPT tiene años de existir y de contratar obras de infraestructura. ¿Cómo es posible que no haya sabido acumular experiencia administrativa, casi de sentido común? ¿Con base en qué conforma unidades ejecutoras de caros proyectos y qué tipo de control ejerce sobre ellas?
Estamos frente a una enorme asimetría de información, y de incentivos, donde la contrapartida estatal (el MOPT, el Consejo Nacional de Concesiones, para citar solo algunos casos) es la parte débil, debilísima, al compararse con los contratistas a cargo de la construcción de obras de interés público. Estos últimos sacan provecho de la experiencia y la atesoran como un valioso activo, mientras los actores del Estado costarricense parecen comenzar desde cero cada cuatro años.
El déficit de Costa Rica en infraestructura pública (puentes, carreteras, escuelas, etc.) es enorme. El freno al desarrollo, y a la calidad de vida también, es considerable. La ciudadanía no debería verse obligada a pagar tantísimo en impuestos, sacrificio de otras obras de interés social y congestión de tráfico, entre otros costos, simplemente porque las entidades públicas no saben extraer o conservar enseñanzas a partir de la experiencia.
Es necesario profesionalizar cuanto antes a la contrapartida estatal encargada de la construcción y administración de obra pública. El recurso humano debe tener capacidad técnica y reconocida solvencia moral. También se le debe remunerar como es debido y dotársele de estabilidad en el cargo. Conditio sine qua non es exigirle periódicamente una rendición de cuentas y vincular la permanencia en el cargo con los logros. Mientras no se proceda de esta manera, continuaremos en la situación de “tigre suelto contra burro amarrado” que en mucho explica el subdesarrollo del país.
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