De los niños y niñas que nacieron en nuestro país el pasado año, el 42,76 por ciento fueron hijos de madres solteras; en un 24,4 por ciento, el padre era desconocido, y el 12,84 por ciento del total de las madres eran adolescentes.
En el primer trimestre del año hubo 1.060 denuncias por agresión ante la Delegación de la Mujer, entidad adscrita al Ministerio de Gobernación; entre el 25 y 30 por ciento de las familias tienen a una mujer como cabeza, y entre 1980 y 1995 el índice de divorcios se duplicó.
Se trata de una dramática realidad, con preocupante impacto en decenas de miles de seres humanos --sobre todo mujeres y niños-- y con un evidente efecto en problemas sociales, como delincuencia, drogadicción y alcoholismo.
Ante situaciones así, es necesario actuar. Lo ideal sería que la tendencia a la desintegración familiar, a los embarazos tempranos y no deseados y a las secuelas que todo esto trae, se pudiera afrontar mediante un reforzamiento de la familia nuclear, en la que padre, madre e hijos forman una unidad que refuerza a todos, sirve de agente socializador y desarrolla el sentido de solidaridad, amor y vida en comunidad. Se trata, por ello, de un camino en el que debe insistirse, porque es el más conveniente desde el punto de vista humano y social y también el más concordante con los principios religiosos que sustenta la mayoría de nuestro pueblo.
Pero conforme se insiste en los aspectos anteriores, no podemos desconocer que la urgente realidad, reflejo de tendencias profundas y nuevas dinámicas sociales, obliga a contemplar también otro tipo de estrategias.
Debe considerarse, por ejemplo, la urgencia de que los adolescentes, tanto dentro como fuera del sistema educativo, reciban una educación sexual franca, respetuosa y responsable; esto podría repercutir en una reducción de los embarazos. Es también necesario incrementar las posibilidades de que las mujeres que trabajan tengan dónde dejar a sus hijos; mejorar los programas de planificación familiar voluntaria; buscar opciones de recreación para los jóvenes; cuidar que al aplicarse nuestra legislación de familia no queden desamparados los hogares en que la mujer debe asumir todas las responsabilidades, y mejorar la capacidad de reacción ante las agresiones a mujeres y niños. En este último sentido, la campaña que, en contra de la violencia intrafamiliar, desarrolla la oficina de la Primera Dama, unida a una mayor apertura de las autoridades para recibir las denuncias, puede producir buenos frutos.
Al rendir hoy homenaje a todas las madres de Costa Rica, creemos oportuno recordar, sobre todo, a las que padecen las peores facetas de estas realidades y llamar a la solidaridad con ellas. Esto no solo debe traducirse en buena voluntad, consejos y ayuda, sino en prevención y apoyo eficaz para que tanto las madres como sus hijos puedan superar los problemas actuales y hacer realidad un porvenir más promisorio y seguro.