En Costa Rica, la construcción de simples autopistas de dos vías y pocos kilómetros de longitud toma décadas. La administración comete los mismos errores una y otra vez

 13 noviembre

Las obras públicas —carreteras, puentes, puertos, aeropuertos— contribuyen decididamente al crecimiento económico del país y, por esa vía, también al desarrollo social. Los beneficios se hacen evidentes desde la etapa constructiva, pero mucho más cuando pasan a ser utilizadas por sus beneficiarios, sean productores, comerciantes, estudiantes, trabajadores u otros ciudadanos. En consecuencia, las autoridades deberían asignarles gran importancia y ejecutarlas con celeridad. Desafortunadamente, ese no es el caso en Costa Rica, donde la construcción de simples autopistas de dos vías y pocos kilómetros de longitud toma décadas. Por eso la ruta 27 se hizo obsoleta casi desde el momento de su inauguración.

El caso de la ampliación de la carretera San José-San Ramón y ramales es de antología. El más reciente es el de la ruta a San Carlos, cuya construcción comenzó en el 2005 y a estas alturas no ha terminado, ni se vislumbra cuándo podría terminar. Los usuarios potenciales, en particular los habitantes de la zona, quizá se sientan sumidos en una eterna pesadilla burocrática en que, cual juego de pimpón, se tiran la bola el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la Contraloría General de la República (CGR), alegando, por ejemplo, fallas de procedimiento de la otra parte.

“Nos encontramos de frente con una gestión incompleta pues, para dotar de esa funcionalidad al proyecto (ruta a San Carlos), serían necesarias otras actividades que no forman parte de esta (la adenda) y que aún se encuentran pendientes de definir por la Administración”, señala la Contraloría General de la República en una respuesta típica (vea “Constructora de la ruta a San Carlos despide a 52”, La Nación, 8 de noviembre del 2017).

Es una lástima, una gran lástima, que los órganos públicos encargados no logren aprender, y guardar en la memoria institucional, los procedimientos administrativos necesarios para el diseño, licitación, contratación y supervisión de obras públicas. En consecuencia, ante cada nueva obra comienzan casi de cero. Es deplorable, también, que para decidir se tomen tanto tiempo, haciendo caso omiso del interés general, que demanda ejecutividad. Se dice que los entes públicos, y quienes por ellos actúan, están para servir a los representados, pero en demasiadas oportunidades se confirma lo contrario.

¿Por qué los representantes técnicos del Consejo Nacional de Vialidad no se reúnen con su contrapartida en la Contraloría, en una sesión de uno o varios días, y plantean uno a uno los puntos necesitados de documentación o aclaración para lograr acuerdos sobre trámites expeditos? ¿Por qué prefieren comunicarse mediante cartas e informes que se dejan un tiempo en los escritorios sin atender y cuya respuesta toma desde semanas hasta meses? ¿Por qué no piensan en lo que los administrados realmente esperan de ellos?

Con demasiada frecuencia, la revisión de los procesos en la Contraloría identifica los mismos errores de la administración. Son cometidos una y otra vez. Las consecuencias para el desarrollo de obra pública son de todos conocidas. Es hora de uniformar criterios y asegurarse de su comprensión en todos los niveles de la administración.

Está muy bien el planeamiento cuidadoso y la construcción de obras públicas con apego a las normas legales, pero no está bien que todo eso sirva de cómoda excusa para los atrasos. Si “por los frutos los conoceréis”, la cosecha de carreteras y otras obras públicas despierta muchas dudas sobre las instituciones y funcionarios involucrados.