EscucharLa aprehensión de Ricardo Alem en Miami y algunas revelaciones sobre presuntos nexos del narcotráfico con dirigentes nacionales han agitado el mundo político y removido las aguas parlamentarias.
Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) declararon que están dispuestos a renunciar a su inmunidad, a fin de que se investigue su conducta pública y privada en relación con el narcotráfico, y la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), junto con Fuerza Democrática, opinan que debe integrarse la cuarta comisión legislativa para investigar la penetración del narcotráfico en Costa Rica y, en particular, en la política nacional.
Es oportuna una comisión parlamentaria en este sentido en las actuales circunstancias? Pareciera que lo más sensato sería profundizar en las investigaciones que la policía está llevando a cabo en coordinación con el DEA, con el propósito de desarticular la red montada por Alem y sus cómplices, y conocer sus vinculaciones con los carteles internacionales de la droga y del lavado. Por otra parte, la Asamblea Legislativa debe despejar el panorama fiscal o tributario, y dar cima a algunos proyectos inaplazables para el país.
Pareciera, entonces, más sensato esperar y decidir sobre la conveniencia de esta comisión cuando se cuente con más firmes elementos de juicio sobre los nexos entre la política y el narcotráfico.
Esta espera no significa, por supuesto, desinterés en un tema vital como el narcotráfico. En nuestro abono concurre el hecho histórico de que, gracias a las investigaciones realizadas por La Nación, la Asamblea Legislativa designó la primera comisión legislativa. Por otra parte, la acción parlamentaria no se circunscribe a la investigación. Puede realizar otras tareas igualmente capitales en la lucha contra la droga, como la revisión de la legislación en esta materia, la aprobación de los proyectos pendientes, previo análisis para darles un sentido unitario, con el objeto de cerrar portillos, agilizar los procedimientos, así como dotar de mayores facultades y recursos técnicos y económicos a los organismos de investigación. Desde este punto de vista, nos preocupa el alcance de la resolución de la Sala Cuarta sobre la inconstitucionalidad de solicitar a una persona sospechosa que explique el origen de sus recursos o de sus signos externos de riqueza. Es preciso ajustar este valioso recurso investigativo al ordenamiento constitucional.
Debe, asimismo, la Asamblea Legislativa legislar, de una vez por todas, para que el votante ejerza el derecho elemental de escoger a los diputados por personas y no por papeleta. Ciertos antecedentes y las revelaciones hechas tornan inaplazable esta reforma. Por otro lado, hay que legislar pronto, con claridad y con severidad, acerca del financiamiento de los partidos políticos. La ley actual es remisa y alcahuete sobre el particular, y brinda más garantías a los jugadores de la política que al interés público o a la unidad, que ha de ser férrea, entre la política y la ética. El principio general que ha de seguirse a pie juntillas es la esencia de la democracia: la publicidad.
Como se ve, todavía hay instrumentos de acción poderosos en el combate contra el narcotráfico. No hay razón alguna para mantenerlos ocultos o en desuso y, mucho menos, para dispersar esfuerzos en otros menesteres.
