La recién inaugurada represa del Proyecto Hidroeléctrico Reventazón tiene una grieta por donde se produce una fuerte filtración. La solución puede tardar tres meses, durante los cuales la planta saldría de operación. Será necesario reducir el nivel del embalse para construir un “blindaje” de 33 metros de largo. La obra costará $15,5 millones.
Eso sí, no se trata de una reparación, sino de una “intervención”, dice el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En respuesta a este diario, la entidad aclara: “El ICE no está ejecutando reparaciones, ya que no existe ningún daño en la infraestructura. Lo que se desarrolla es un plan de intervención cuyo objetivo es devolver la condición de impermeabilidad de la zona del vertedero de excedencias, restringir el movimiento en la zona y adecuar el vertedero ante la condición identificada”.
Como lo informó este diario, hay “fracturas en la roca”, una de las cuales creó filtraciones de 180 litros por segundo, según el informe enviado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) por la propia gerencia de electricidad del ICE. La grieta, como lo informó este diario, está frente a las compuertas del vertedero de excedentes de agua.
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El Instituto responde como si el lugar donde está asentada la obra no fuera parte de ella. Es como culpar de la caída de un edificio al terreno sobre el cual fue levantado e insistir en la idoneidad de la construcción en sí misma. “Lo que se dio fue un cambio en las condiciones del macizo que se encuentra bajo la fundación del vertedero, un hecho que efectivamente es imprevisible”.
Pero el terreno es parte inseparable de la obra y ninguna obra está bien hecha si no se construye en el terreno apropiado. Si la grieta no se produjo en la pared de la represa, ocurrió en la represa de todas formas y de poco sirve distinguir entre “reparación” e “intervención”, sobre todo a la hora de encarar la factura. La piedra, claro está, no la construyó el ICE. Ahí ha estado por miles de años. En sí misma no necesitaría “reparación” y ni siquiera “intervención”, si no fuera porque es parte integral de una gran obra de infraestructura.
La Aresep, por ejemplo, rechazó un aumento tarifario para financiar una parte de la “intervención” y sugirió al ICE cargar el costo al fideicomiso constituido para levantar la represa. Insensibles ante la diferencia entre una “reparación”, cuyo objetivo sería frenar las filtraciones, y una “intervención”, cuyo fin es “devolver la condición de impermeabilidad” a la represa (o a la roca sobre la cual se asienta), los reguladores rechazaron pasar la factura al consumidor.
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Pero los problemas del terreno no son secretos. Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que la obra se levantó en una zona “de muy alto riesgo de deslizamientos y con movimientos de masa activos” y expresó preocupación por “la actividad volcánica y posibles deslizamientos de tierra en la zona del embalse”.
El ICE insiste en la imprevisibilidad del daño y presentó un reclamo ante el Instituto Nacional de Seguros (INS) al amparo de la póliza contratada para proteger las plantas de generación eléctrica. Quizá en la institución aseguradora obtenga lo que no logró mediante tarifas.
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Franco Arturo Pacheco, presidente de la Unión de Cámaras, enfatizó la necesidad de no “trasladar el costo de la reparación a las tarifas”. Los empresarios tampoco parecen estar enterados de que ninguna reparación es necesaria. Solo se trata de una “intervención”, no para evitar fugas sino pare restablecer la impermeabilidad.