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Esta semana, y luego de una intensa negociación, el Gobierno envió al Fondo Monetario Internacional (FMI) una carta de intenciones, que se espera sea la base para suscribir un convenio de estabilización macroeconómica ("stand by") por quince meses. Las muchas dificultades que hasta hace poco hicieron difícil llegar a este acuerdo se aliviaron con la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de las reformas en materia tributaria que, conservadoramente, pueden dar al Fisco nuevos ingresos equivalentes al 3 por ciento del valor de la producción nacional (PIB).
El anuncio de este acuerdo ha sido, en general, bien recibido, pues muestra que el Gobierno al fin ha concebido un programa coherente de estabilización económica. Pero, ¿en qué consiste ese programa, en qué beneficia a consumidores y productores y qué cuota de sacrificios apareja?
Todo programa de estabilización se propone compatibilizar el nivel de gasto interno con las posibilidades de financiamiento, tanto interno como externo o, para ponerlo en términos populares, que vivamos conforme a nuestras posibilidades. Esto último significa que las presiones que la economía ejerce sobre la balanza de pagos no serán incompatibles con la disponibilidad de divisas y que el tipo de cambio no tendrá que elevarse violentamente para equilibrar la oferta con la demanda de estas.
Desde el punto de vista práctico, para controlar las presiones de gasto exageradas, lo que procede es reducir el poder de compra de la gente y eso se logra bajando el déficit fiscal y limitando el crecimiento de la oferta monetaria. Lo primero exige aumentar ingresos fiscales o reducir gasto público. Infortunadamente, el FMI suele mostrar cierta indiferencia ante estas opciones y sucede, como en Costa Rica, que los convenios de estabilización suelen estar acompañados de aumentos de la carga tributaria. Precisamente, y para confirmar este punto, hemos de recordar que la visita de la última misión del FMI a nuestro país se activó con la aprobación del paquete tributario, el pasado mes de agosto.
El aumento de la carga tributaria es una de las partes dolorosas de los ajustes, pues afecta el crecimiento futuro. Sin embargo, si se acompaña de medidas de control de gasto, que ayuden a la estabilización, entonces el beneficio potencial de los programas de estabilización superará sus costos inmediatos. Esto es lo que esperamos que ocurra en Costa Rica con la puesta en práctica de las medidas que contiene la carta de intenciones que recién se envió al FMI.
Dicha carta, según anunció el Gobierno, contiene medidas concretas para el control del gasto público no sólo durante los quince meses a que se refiere el convenio; también recoge el compromiso del Ejecutivo de promover en la Asamblea Legislativa la adopción de reformas a los esquemas de pensiones públicas, introducción de un capítulo de garantías económicas en la Carta Magna y otras de índole estructural. Desde este punto de vista, el anuncio de la nueva carta de intenciones constituye una buena noticia. Solo quedan dos cosas: que se divulgue su texto íntegro, pues los ciudadanos tenemos todo el derecho a conocerlo, y que se tomen las medidas necesarias para cumplir con lo prometido.
Esta semana, y luego de una intensa negociación, el Gobierno envió al Fondo Monetario Internacional (FMI) una carta de intenciones, que se espera sea la base para suscribir un convenio de estabilización macroeconómica ("stand by") por quince meses. Las muchas dificultades que hasta hace poco hicieron difícil llegar a este acuerdo se aliviaron con la aprobación, por parte de la Asamblea Legislativa, de las reformas en materia tributaria que, conservadoramente, pueden dar al Fisco nuevos ingresos equivalentes al 3 por ciento del valor de la producción nacional (PIB).
El anuncio de este acuerdo ha sido, en general, bien recibido, pues muestra que el Gobierno al fin ha concebido un programa coherente de estabilización económica. Pero, ¿en qué consiste ese programa, en qué beneficia a consumidores y productores y qué cuota de sacrificios apareja?
Todo programa de estabilización se propone compatibilizar el nivel de gasto interno con las posibilidades de financiamiento, tanto interno como externo o, para ponerlo en términos populares, que vivamos conforme a nuestras posibilidades. Esto último significa que las presiones que la economía ejerce sobre la balanza de pagos no serán incompatibles con la disponibilidad de divisas y que el tipo de cambio no tendrá que elevarse violentamente para equilibrar la oferta con la demanda de estas.
Desde el punto de vista práctico, para controlar las presiones de gasto exageradas, lo que procede es reducir el poder de compra de la gente y eso se logra bajando el déficit fiscal y limitando el crecimiento de la oferta monetaria. Lo primero exige aumentar ingresos fiscales o reducir gasto público. Infortunadamente, el FMI suele mostrar cierta indiferencia ante estas opciones y sucede, como en Costa Rica, que los convenios de estabilización suelen estar acompañados de aumentos de la carga tributaria. Precisamente, y para confirmar este punto, hemos de recordar que la visita de la última misión del FMI a nuestro país se activó con la aprobación del paquete tributario, el pasado mes de agosto.
El aumento de la carga tributaria es una de las partes dolorosas de los ajustes, pues afecta el crecimiento futuro. Sin embargo, si se acompaña de medidas de control de gasto, que ayuden a la estabilización, entonces el beneficio potencial de los programas de estabilización superará sus costos inmediatos. Esto es lo que esperamos que ocurra en Costa Rica con la puesta en práctica de las medidas que contiene la carta de intenciones que recién se envió al FMI.
Dicha carta, según anunció el Gobierno, contiene medidas concretas para el control del gasto público no sólo durante los quince meses a que se refiere el convenio; también recoge el compromiso del Ejecutivo de promover en la Asamblea Legislativa la adopción de reformas a los esquemas de pensiones públicas, introducción de un capítulo de garantías económicas en la Carta Magna y otras de índole estructural. Desde este punto de vista, el anuncio de la nueva carta de intenciones constituye una buena noticia. Solo quedan dos cosas: que se divulgue su texto íntegro, pues los ciudadanos tenemos todo el derecho a conocerlo, y que se tomen las medidas necesarias para cumplir con lo prometido.
