EscucharFinalmente las autoridades encargadas de los asuntos económicos del país dieron a conocer la Carta de Intenciones que firmará el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional. La renuencia para dar a conocer el contenido de dicha Carta no debe repetirse porque en este campo --como en todos los aspectos de la vida nacional-- las autoridades están obligadas a dar a conocer, sin limitaciones y sin retrasos, los documentos públicos.
El convenio logrado viene a poner fin a la incertidumbre reinante en el campo económico y a dejar claro que el Gobierno no tomará el camino fácil del populismo y del clientelismo. Esta ha sido una de las enfermedades más graves de la economía y hasta de la cultura nacional. En el convenio, el Poder Ejecutivo se compromete a enfrentar la principal causa de la inestabilidad actual: el déficit fiscal. El compromiso implica un aumento de los ingresos del Gobierno Central, equivalente al 3 por ciento de la producción del país y que los gastos (excluidos los intereses) disminuyan en 1,2 por ciento. En otras palabras, el esfuerzo será mayor por el lado del aumento de los ingresos que en la reducción de los gastos.
Por otra parte, la reducción del faltante del sector público permitirá una mayor afluencia del crédito para el ámbito privado y menores tasas reales de interés en 1996. En este marco, existirán posibilidades --en el mediano plazo-- para la reactivación de la producción, el aumento del empleo y de los salarios reales.
Las metas acordadas con el FMI, particularmente la reducción del déficit de todo el sector público a un 0,5 por ciento de la producción, son muy ambiciosas. Para cumplirlas, se necesita una fuerte voluntad política del Presidente de la República y de su Ministro de Hacienda. Se requiere la cooperación de todo el Gabinete y de las entidades descentralizadas. La tentaciones para incumplir y seguir por el camino del populismo serán muchas. Pero esto finalmente nos llevaría al desastre económico. Si el Gobierno rechaza las voces de sirena y cumple, le habrá rendido un beneficio extraordinario al país. Sin embargo, las autoridades económicas deben tener presente que el convenio con el FMI es algo necesario, pero no es suficiente para el mejoramiento económico del país. Hay que continuar y profundizar la reforma económica: apertura de la economía, reforma financiera y reforma del Estado. El gobierno actual ha iniciado, en forma valiente, un proceso de reforma del Estado. Este proceso debe continuar para apoyar el crecimiento económico y la equidad. Hay áreas de la acción pública que deben fortalecerse: educación, vivienda, salud e infraestructura. Como los recursos son limitados, para invertir más en estas áreas hay que reducir la actividad pública en otras: seguros, banca, telecomunicaciones, etcétera. En estos aspectos hay que plantearse opciones como las siguientes:
Mantener en manos del sector público la actividad bancaria internacional que pueden hacer los bancos privados (BICSA) o con la venta de esta empresa llevar a cabo un programa para mejorar y ampliar la cobertura de la educación preescolar en las zonas marginales y más pobres del país.
Mantener en manos del sector público el negocio de los seguros (INS) o financiar, con la venta del INS, un programa para mejorar y ampliar la cobertura de la enseñanza secundaria. Al respecto, recordemos que cerca de la mitad de los adolescentes y jóvenes pobres no asisten a la secundaria.Al plantearse opciones como las anteriores se descubre que el Estado costarricense no cumple con lo fundamental, pero que sí está involucrado en lo accesorio.
En resumen, en buena hora el Ejecutivo concluyó las negociaciones con el FMI para la estabilización macroeconómica. Pero esto no es suficiente; el Gobierno debe proseguir con la reforma del Estado para lograr crecimiento con equidad.
