EscucharEl fallido intento por crear una comisión "de alto nivel" para investigar las denuncias de espionaje telefónico en el país debería servir como una seria llamada de atención sobre dos puntos fundamentales: los inconvenientes a que se puede llegar cuando se distorsiona el sentido de la acción política, y los absurdos en que se puede caer cuando se buscan soluciones destinadas a salvar caras de protagonistas, pero sin tomar en cuenta sus serias implicaciones.
Los antecedentes de la propuesta del excandidato socialcristiano, Miguel Angel Rodríguez, para que se creara una comisión integrada por el expresidente Mario Echandi, el exvicepresidente Jorge Manuel Dengo y el obispo de San Carlos, Angel San Casimiro, fueron dos: por una parte, la insistencia del PUSC en crear un grupo legislativo que investigue las denuncias de intervenciones telefónicas; por otro, el pedido del presidente José María Figueres para que se le autorizara un viaje al Vaticano y Holanda.
Se trataba de dos hechos sin conexión entre sí, pero que fueron vinculados de forma poco reflexiva por los diputados de la fracción opositora. La propuesta por crear la comisión legislativa --a lo que se opone frontalmente la fracción del PLN-- es una iniciativa sin duda importante, que respaldamos y en la que el PUSC tiene todo el derecho a insistir. El viaje de Figueres a Europa es una decisión presidencial que debió examinarse por sus propios méritos o deméritos: si tenía sentido en el momento escogido. Aquí también, por supuesto, la oposición podía cuestionar lo que quisiera. El gran error fue relacionar ambas situaciones y condicionar el voto de autorización al Presidente a que la fracción liberacionista aceptara el establecimiento de la comisión; peor aún, se acudió al expediente de impedir la formación del quórum legislativo, que privó a los demás diputados de ejercer su decisión.
De este modo, se creó una situación prácticamente insoluble: solo podría haber votación del permiso de viaje si uno de los dos partidos cedía en su actitud inflexible ya anunciada. Si, como parecía que iba a ocurrir, tal cosa no ocurría, Figueres no podría ir a Europa, el país habría quedado en ridículo y el Gobierno y el PLN habrían podido capitalizar el desenlace en contra del PUSC.
Fue ante esto que el excandidato socialcristiano lanzó --y el Ejecutivo acogió-- la iniciativa de la comisión "de alto nivel", sin consultar a sus posibles integrantes y sin detenerse a pensar en los posibles roces de constitucionalidad que apuntó, al rechazar su nombramiento, el expresidente Echandi.
Rodríguez reconoció ayer, en un comunicado la "inviabilidad" de su idea. Nos parece una actitud acertada y digna de elogio. Lo que no resulta convincente, sin embargo, es que, según ese texto, su iniciativa estuviera sustentada en evitar un "desdoro" a la imagen del país y un "agravio" al Santo Padre. Si esas eran las consecuencias de impedir el viaje presidencial, ¿por qué, desde el principio, la fracción del PUSC no adoptó una posición políticamente más lógica y separó el viaje de la comisión?; ¿por qué, a su debido tiempo, no se planteó una transacción más lógica?
Nos tememos que, en el fondo, el objetivo fue, simplemente, buscar una salida que se creyó airosa a un problema creado por errores políticos importantes. Esto es lo que deberían reconocer la oposición y el Gobierno. Y es lo que debería evitarse a futuro, para librar al país de torpezas que, en el fondo, vulneran las instituciones y complican las discusiones esenciales.
