El tema de la seguridad en la zona norte, en particular en San Carlos y Sarapiquí, ha sido recurrente en estos años. El secuestro de dos damas, que tanto daño nos ha causado, reaviva esta cuestión y ha de mover al Gobierno a formular un plan de acción específico para esta región.
Estas zonas presentan la característica de su colindancia con sectores de Nicaragua sometidos, durante muchos años, a movimientos bélicos. Asimismo, el flujo migratorio de trabajadores y de exguerrilleros nicaragüenses hacia San Carlos y Sarapiquí ha sido intenso en estos años. La movilidad de personas indocumentadas se combina, además, con un tráfico de armas incontrolado. El cuatrerismo, los crímenes, la invasión de tierras, los secuestros, las violaciones de mujeres, los asaltos han modificado el paisaje espiritual y cultural de esta región, dos emporios de riqueza afectados por la inseguridad.
En muchas de las acciones delictivas en esta región han participado costarricenses y nicaragüenses, aunque, como es obvio, la experiencia militar de muchos inmigrantes de Nicaragua ha contribuido para organizar y ejecutar golpes más audaces. Desde este punto de vista, el fortalecimiento de la seguridad en la región norte ha de comenzar por un vasto plan de documentación tanto de nicaragüenses como de costarricenses. De estos para descubrir a los profesionales en precarismo e invasión de tierras, que son muchos y que han medrado en grande, y de los nicaragüenses, para conocer su identidad y antecedentes.
En esta materia deben colaborar los contratistas de mano de obra privada, principalmente en el campo agrícola, pues, como se ha denunciado, por una economía mal entendida o por sustraerse del cumplimiento de las normas laborales del país, no pocos dueños de tierras proporcionan trabajo a ciudadanos nicaragüenses sin llevar un registro ordenado. Y, aunque el Ministerio de Trabajo y el de Relaciones Exteriores, han analizado estos problemas y propuesto algunas soluciones, estas medidas de prevención deben intensificarse. No se trata de xenofobia o de persecución sino de un ordenamiento elemental que conviene a los dos países.
Es preciso, asimismo, llevar a cabo un plan riguroso para impedir el tráfico de armas en esta zona y aun para limitar el expendio legal en el interior del país. La libérrima posición mantenida por nuestros gobiernos en esta actividad ha sido peligrosa y contraproducente. Esta desaprensión nacional ha dado origen a un amplio y nutrido mercado negro de armas, incrementado, por otra parte, por el clima de inseguridad prevaleciente en el país. La gente se arma para repeler a los delincuentes con lo que facilita y estimula el comercio de armas legal y, sobre todo, ilegal. Y en muchos casos no se trata de armas de defensa, sino de armas ofensivas de alto poder. La escalada de la violencia alimenta la escalada del tráfico de armas. Ambas causas incentivan aún más la inseguridad de bienes y personas.
El combate contra la inseguridad es complejo y costoso. Pero, poco a poco, con previsión e imaginación, pueden adoptarse algunas medidas concretas para afirmar el bien inestimable de la paz interior.