El tema, por reiterativo, no deja de ser importante. La provincia de Limón continúa siendo escenario de una amplia gama de hechos delictivos, entre los que prevalecen los asaltos a mano armada en aquellas zonas donde el flujo de dinero proveniente de las actividades agrícolas constituye una potencial presa para los delincuentes. Estos han evolucionado, haciendo más sofisticados sus patrones delictivos, al pasar de asaltos a gasolineras, a pagadores de fincas y entidades que movilizan sumas de envergadura.
El último atraco cometido en el aeropuerto de Limón, en la persona de un pagador que se trasladaba en avioneta con seis millones de colones para el pago de salarios en una finca --hecho protagonizado al mejor estilo televisual --, hace imperativa, para las autoridades de seguridad, la adopción de urgentes medidas que contribuyan a restablecer el clima de confianza que requiere esa provincia. El daño que causa el mapa delictivo, que se inicia en las proximidades de Guápiles y abarca zonas como San Miguel de Sarapiquí, Roxana de Pococí y Río Jiménez --por solo mencionar unas cuantas--, a la actividad productiva de la vertiente atlántica es inconmensurable y evidentemente superior al que puedan generar las informaciones que dan cuenta de los hechos.
En el caso del asalto a tiros del aeropuerto de Limón, el asunto reviste mayor gravedad puesto que fue perpetrado, contra el pagador de la Chiriquí Land Company, por exguardias civiles que habían prestado sus servicios a la Comandancia de Limón, poseedores, por lo tanto, de información vital para cometer toda suerte de fechorías. Si bien el botín de este último delito ha sido recuperado, y los delincuentes fueron ya capturados, la gravedad del hecho debe constituir una clarinada de alarma para las autoridades locales y las firmas comerciales que movilizan cuantiosas sumas en una provincia en la que las actividades productivas constituyen una fuente de riqueza esencial para el desarrollo del país. Si bien, en esa temática, los requerimientos en materia de mayor seguridad emanan pródigamente de todos los sectores nacionales, también es cierto que, a la vista de la magnitud y persistencia del problema en esa provincia, se impone asumir una mayor presencia de las autoridades en los puntos claves, blancos potenciales de los asaltantes.
En días pasados, un matutino incluía, en su página de sucesos, tres hechos delictivos de gravedad, perpetrados en la zona atlántica. Ello es más elocuente que cualquier tipo de consideraciones que podamos hacer al respecto. Pero los asaltos a la finca de Banacol, en Cariari de Guápiles, y el cometido contra el pagador de la Chiriquí Land, en la propia pista del aeropuerto, ponen de relieve que la escalada del hampa no tiene techo y crece día con día. No llevar a la práctica medidas de seguridad acordes con ello equivaldría a declarar la zona en virtual abandono, de cara al imaginativo mundo de los asaltantes. Tampoco, por reiterativo, deja de ser pertinente hacer un llamamiento a las empresas de la región para que cambien sus habituales patrones de conducta cuando transporten grandes cantidades de efectivo, presten mayor protección a los traslados, realicen cambios en las rutas y den evidencia de mayor malicia.
Escuchar