Privatizar con estrategia

Dos proyectos de ley se ocupan de este tema. Uno, enviado por el anterior gobierno, es relativamente simple y, en nuestra opinión, haría el proceso más transparente y positivo para toda la sociedad. Otro, de la actual administración, resulta sumamente complejo por cuanto más parece destinado a complacer objeciones de sectores de interés particularmente afectados por el cambio, que a convertir la venta de la fábrica y la desmonopolización de la producción de licores en una decisión que beneficie a las finanzas públicas y al desenvolvimiento general de la economía.

Desgraciadamente, lo que ocurre con esta iniciativa es lo mismo que sucedió en el pasado con CEMPASA y FERTICA, y lo que podría acontecer con planes de desmonopolización o privatización futuras: es decir, que cada uno de esos procesos se convierte en una lucha de intereses creados, muy bien organizados y defensores del statu quo contra el resto de la sociedad. Y de esta puja generalmente los primeros salen ganando, y los demás ciudadanos, perdiendo. En los casos de las dos subsidiarias de CODESA, por ejemplo, su venta a "sectores organizados" o de "amplia base" condujo a que una serie de organizaciones e individuos compraran acciones a precios por debajo del mercado; es decir, se malbarataron las empresas, y la mayoría de la población debió subsidiar a unos pocos beneficiarios, que después pudieron disponer de sus participaciones como quisieron.

Los diputados deberían tener muy en cuenta tales aspectos al analizar el proyecto de FANAL. Y, una vez concluida esta etapa, la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo y los sectores genuinamente interesados deberían considerar seriamente la posibilidad de emitir una ley general de desmonopolización y privatización de instituciones públicas. Sería una especie de "texto marco", con lineamientos y mandatos en torno a las características que deberían tener todos los procesos de ruptura de monopolios y venta de activos estatales que se emprendan en adelante. Establecería el camino general a seguir, incluidos los sistemas de toma de decisión, verificación, control y rendimiento de cuentas, para que fueran aplicados posteriormente en cada uno de los casos específicos.

Un texto de esta índole obligaría a abordar el asunto de forma estratégica, no casuística, enviaría señales claras a toda la sociedad, permitiría discutir el tema en su conjunto, al margen de presiones circunstanciales, daría la oportunidad de establecer cronogramas racionales para el avance, atemperaría las presiones circunstanciales, despejaría la agenda futura de la Asamblea Legislativa, reduciría la presión de los grupos organizados que se oponen a cualquier cambio en el esquema vigente por temor a perder privilegios y, además, haría políticamente menos costosas las decisiones específicas que se tomaran.

Si, por ejemplo, se discute ahora con seriedad la opción de un conjunto de reformas constitucionales que establezcan lineamientos en torno a las finanzas públicas, bien podría aplicarse una visión similar, mediante la ley comentada, al tema de los monopolios y las empresas estatales. En el Ejecutivo existe la iniciativa de establecer un marco para la suscripción de eventuales "alianzas estratégicas" entre empresas públicas y privadas. La idea puede ampliarse para que, de una vez, todo el camino de posibilidades quede debidamente marcado.