La disensión en materia de principios es más fecunda y alentadora que el fácil consenso que encubre la realidad, forjado muchas veces por complacencia o temor. Este es el caso de la reciente XVII cumbre presidencial en San Pedro de Sula.
Esta cumbre no fracasó, en el capítulo de la seguridad democrática, por la oposición de Costa Rica y Panamá a algunas cláusulas favorecedoras de la primacía de las fuerzas militares en algunos países centroamericanos. Por el contrario, esta oposición salvó y dignificó la reunión por fundarse en sólidos principios democráticos e históricos.
Sin embargo, al menos hubo acuerdo sobre la subordinación de las fuerzas militares al poder civil, sustentado en elecciones libres y en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Esta resolución, pese a suponer un avance retórico, ejemplifica la dualidad ética y política de algunos gobiernos centroamericanos, pues si, en verdad, el poder militar debe sujetarse al civil, a este corresponde decir la última palabra en relación con la cuantía del armamento y del ejército. Al ser autónomos los mandos militares en este punto, la resolución pierde toda su eficacia, máxime que tampoco se aprobó la reducción gradual de los ejércitos. De este modo, el acuerdo sobre "un balance razonable" entre las fuerzas militares y el presupuesto nacional no es sino un voto piadoso.
Corresponderá, en consecuencia, a los partidos políticos democráticos y a organizaciones internacionales privadas proseguir en este esfuerzo contra el poder militar y contra los países --democráticos-- proveedores de armas. Como ha quedado plasmado en la consolidación de la paz en Centroamérica, la presión internacional es un instrumento invaluable en esta lucha.
En esta reunión se crearon dos grupos: Costa Rica y Panamá, que objetaron 11 de los 78 artículos del Tratado Marco de Seguridad Democrática, y, por otro lado, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, atados al pasado y al miedo. La posición de Panamá significa un positivo avance. Costa Rica ya no está sola. La actitud remisa de los otros presidentes demuestra la preponderancia de los ejércitos en las decisiones políticas fundamentales de los gobernantes. Esta dañina interferencia hace que se confundan conceptos básicos. El Tratado Marco de Seguridad Democrática debe darle preeminencia al desarrollo de los pueblos y de las personas, a la incorporación de los sectores más pobres a la vivencia de los derechos económicos, políticos, civiles y sociales, cuyos principales adversarios son los ejércitos. Estos, no las armas, son la garantía de la seguridad democrática.
Nos queda a los costarricenses el regusto de que el Gobierno defendió, en esta cumbre, principios y tradiciones fundamentales de nuestra Patria y que, por forjar un consenso de fachada, no traicionó lo esencial. Le incumbe, ahora, coherente con esta posición y sin desplantes contra otros Poderes del Estado, la tarea de garantizar en el interior del país la seguridad de bienes y personas, dimensión importante de la seguridad democrática.