EscucharQuince de cada 100 colegiales de la Gran Área Metropolitana reconocieron haber fumado marihuana, según el estudio ejecutado por la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños. El dato alarma, porque hace apenas trece años la cifra era de solo el 1%, aunque para el 2006 había subido al 10%.
Cuando se trata de esta población, carece de todo sentido el debate sobre los efectos de la marihuana, cuyos defensores la proclaman menos dañina que otras sustancias, incluyendo las legales como el alcohol y el tabaco. Existe consenso, por razones obvias, sobre el peligro del consumo de cualquiera de esas drogas por jóvenes aún distantes de la mayoría de edad y carentes de la formación necesaria para adoptar decisiones de tanta envergadura.
Psicólogos y otros profesionales del área de la salud señalan la inmadurez del cerebro adolescente, cuyo lóbulo frontal está todavía en desarrollo. Ahí se ubica la función del juicio, necesaria para discriminar a plenitud entre el bien y el mal y medir las consecuencias de los actos.
También hay debate sobre el carácter de la marihuana como droga de iniciación, una especie de antesala al consumo de sustancias más peligrosas. En el plano meramente empírico, más allá de los efectos de la droga, es fácil identificar los motivos por los cuales ese papel precursor no puede ser descartado.
La marihuana es ilegal y se mueve en los mismos círculos donde se hallan las otras drogas. No es difícil imaginar que la complicidad con el vendedor y la violación de un primer tabú pueden hacer del adolescente una persona propensa a experimentar con otras sustancias, indiscutiblemente peligrosas.
Un 6% de los 3.373 estudiantes entrevistados admitió el consumo de otros estimulantes, drogas sintéticas y hongos alucinógenos. Unos pocos experimentaron con heroína. Según el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), algunos son reclutados para distribuir narcóticos con el método de ventas iniciales a precios muy asequibles, que se incrementan gradualmente hasta obligar al joven a convertirse en vendedor para mantener su vicio.
En conjunto, los datos apuntan a una realidad tan aterrorizante como incontrovertible: la juventud costarricense es vulnerable al narcotráfico a edades muy tempranas. En otras palabras, no existen mecanismos suficientes, en el Estado y en la familia, para prevenir el acceso de los distribuidores de drogas ilícitas a jóvenes apenas salidos de la niñez.
No sorprende, entonces, el preocupante uso del alcohol, una droga también dañina pero exenta de moverse en el submundo ilícito de los estupefacientes. El 23% admitió haber llegado a un estado de embriaguez durante los 30 días previos a la consulta de la Clínica del Adolescente.
Si la realidad es así de alarmante en la población adolescente inserta en el sistema educativo, será mucho peor entre los jóvenes ausentes de las aulas y expuestos, por razones obvias, a riesgos mayores. En su caso, ni siquiera es posible pensar en las barreras construidas por el conocimiento dispensado en las instituciones educativas.
Los expertos coinciden en la vulnerabilidad de todos los jóvenes, pero identifican como particularmente riesgosa la situación de los sometidos a determinadas circunstancias, como la falta de apoyo hogareño, baja autoestima, dificultad para el estudio, falta de un proyecto de vida o de intereses artísticos y deportivos, así como baja tolerancia a la frustración.
Cuando se trata de jóvenes escolarizados, la detección de esos factores puede ser hecha por el maestro, pero, aun así, la eficacia de la reacción del educador se verá limitada en ausencia de la familia, cuya función es insustituible. Es allí donde se debe cavar la primera trinchera de la detección de los factores de riesgo y, desde luego, del uso de drogas. Los programas del Ministerio de Educación y de las fuerzas policiales son invaluables. Es preciso fortalecerlos, pero, sin la familia, habrá demasiadas batallas perdidas.
