Opinión

EDITORIAL

Nuestro drama carcelario

Actualizado el 08 de marzo de 2014 a las 12:00 am

La situación de las prisiones nacionales figura en el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos

Una y otra vez, el Ministerio de Justicia ha planteado advertencias sobre la necesidad de dotar al sistema carcelario de más recursos y espacio

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Las malas condiciones de las cárceles costarricenses trascienden las fronteras y figuran en el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos. Habría razones para criticar al crítico. En la nación del norte hay prácticas reñidas con los derechos humanos, entre ellas la aplicación de la pena de muerte, para no mencionar las largas condenas impuestas a decenas de miles de jóvenes por faltas relativamente menores, como la mera posesión de drogas.

La política criminal costarricense puede presumir de avanzada en muchos aspectos, pero ni esa circunstancia ni los errores del crítico deben nublar la visión de las graves inconsistencias denunciadas en el informe. El documento causa alarma no en razón de su autor, sino de las verdades en él reflejadas. No contiene grandes sorpresas ni descorre el velo de situaciones que nuestras autoridades hayan pretendido mantener ocultas, pero sí desnuda falencias cuyos críticos más frecuentes están en el propio Ministerio de Justicia.

Nadie ha encabezado esa cartera en los últimos años sin clamar por una mejora en las condiciones de las cárceles o sin advertir los peligros del hacinamiento y la falta de recursos básicos, comenzando por elementos tan simples como mantas y colchones. La lentitud del sistema penal como un todo también resulta en el internamiento por largos periodos de reos en espera de juicio.

Una y otra vez, el Ministerio de Justicia ha planteado advertencias sobre la necesidad de dotar al sistema carcelario de más recursos, no solo con el argumento de los derechos humanos, sino también con expresión de graves preocupaciones por la seguridad ciudadana.

El informe estadounidense destaca que, a junio del 2013, el 23% de los reos, un total de 3.184, estaban presos sin condena y existía un nivel de hacinamiento del 38%, cuando el máximo tolerable ronda el 20%. En San Sebastián hay 1.159 detenidos, cuando la cárcel apenas está diseñada para 664.

Por fortuna, los casos puntuales de maltrato intencionado recogidos por el informe son solo dos. No carecen de gravedad, porque en uno el reo sufrió la fractura de un brazo y, en el otro, los custodios hicieron una revisión anal, sin consentimiento del detenido, con la intención de saber si ocultaba droga.

En nuestro régimen de libertad de prensa y amplio acceso a la información de interés público, ninguno de esos incidentes, ni otros más graves ocurridos en el pasado, dejó de ser conocido y debatido de cara a la opinión pública. En todos los casos, la respuesta de las autoridades fue satisfactoria y, en el de la requisa, la Sala Constitucional condenó al Estado a pagar una indemnización.

El Estado costarricense, y sus gobiernos, no carecen de vocación de respeto a los derechos humanos, pero sí de los recursos necesarios –y quizá de la buena consideración de las prioridades– para solucionar el problema. En abril, las autoridades publicarán una licitación para construir 1.350 nuevas plazas penitenciarias, 800 en La Reforma y 550 en Nicoya, pero, cuando cuenten con ellas, estarán lejos de los niveles de ocupación permisibles.

Según la ministra de Justicia, Ana Isabel Garita, el sistema maneja 150 ingresos por semana y simplemente no da abasto. “Habría que construir una cárcel cada dos meses. Requerimos un debate sobre la política punitiva del país, sobre el uso de la prisión preventiva y sobre los periodos de las penas”, afirmó.

Gilbert Armijo, presidente de la Sala Constitucional, señaló al sistema penitenciario como el talón de Aquiles de los derechos humanos en Costa Rica, y lo calificó de “vergonzoso”. José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, coincidió con la agenda de discusión planteada por la ministra y mostró preocupación por el problema. Para tomar conciencia de la situación, el país no necesita el informe del Departamento de Estado norteamericano, pero el documento y su trascendencia internacional bien podría ser el acicate necesario para poner manos a la obra pendiente.

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