Opinión

EDITORIAL

Más que diálogo, negociación

Actualizado el 03 de mayo de 2013 a las 12:00 am

El liderazgo y la decisión oportuna no pueden ser sustituidos por el diálogo sin plazo, conducente a la parálisis.

Ningún punto de la agenda enunciada por la mandataria el primero de mayo tiene posibilidades de ser aprobado por aclamación.

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La presidenta Laura Chinchilla pretende cerrar su gestión en la armonía nacida del diálogo. Ofrece cambiar cuanto sea necesario para despejar toda duda sobre su disposición a escuchar. Ni la voluntad de diálogo ni el oído atento sobran, pero los deberes del gobierno eficaz no se agotan en ellos. El liderazgo y la decisión oportuna no pueden ser sustituidos por el diálogo sin plazo, conducente a la parálisis.

Explicar y, de ser posible, convencer, es una tarea necesaria, pero hay asuntos impostergables para los cuales no habrá consenso, sino la mayoría suficiente e indispensable. Gobernar es negociar hasta el punto requerido para resolver los problemas urgentes, siempre en el marco de la institucionalidad democrática.

Nada hay de nuevo en eso para la administración Chinchilla. El ejercicio de negociación de la Ley de Solidaridad Tributaria es un buen ejemplo. El Gobierno dialogó con quienes se mostraron dispuestos al diálogo y formó una mayoría suficiente para aprobar el proyecto. Tuvo la flexibilidad necesaria para incorporar a la propuesta exigencias de sus contrapartes, alguna de ellas criticada por este diario, como el cambio en el tratamiento fiscal a las zonas francas.

Consiguió, con los sectores dispuestos a suscribirlo, el acuerdo requerido para aprobar la reforma, cuyo fracaso se debió a errores de trámite señalados por la Sala Constitucional, no a falta de voluntad política multipartidaria ni tampoco a la aversión al diálogo.

Ningún punto de la agenda enunciada por la mandataria el primero de mayo tiene posibilidades de ser aprobado por aclamación. Son temas polémicos, como la reforma del empleo público, la agenda de gobernabilidad y espinosos temas sociales como la fertilización in vitro y las sociedades de convivencia de parejas del mismo sexo.

En cada caso, más que el diálogo, el Gobierno debe ofrecer su disposición a negociar. La negociación implica el diálogo, pero lo trasciende. Comienza por una cuidadosa selección de los interlocutores, caso por caso y, luego, la paciente construcción del acuerdo.

La persistente búsqueda de un acuerdo político para impulsar la reforma tributaria contrasta con la actitud gubernamental frente al problema de las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El Gobierno sabe de las dificultades del régimen y el costo político de las soluciones posibles. Apenas la Caja Costarricense de Seguro Social las enunció, se elevaron las primeras protestas. La administración escuchó y, ayuna de cualquier ánimo de perseverancia, salió a tranquilizar al país prometiéndole que nada hará para enfrentar el problema.

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El remedio urge. Si las tesis de la Superintendencia de Pensiones son correctas, la crisis solo puede empeorar, pero el Gobierno no se dio siquiera el tiempo necesario para plantear el problema. No son esos los oídos necesarios para gobernar. Sus detractores siempre acusarán a la administración de falta de voluntad de diálogo cuando la decisión final no los complazca. El peligro es intentar convencerlos de lo contrario, complaciéndolos siempre. Eso equivale a una renuncia a gobernar.

La agenda de gobernabilidad contiene elementos prioritarios, claramente delimitados. En lugar de procurar acuerdos, el Gobierno confió el diseño de la reforma a una comisión de notables sin definir con claridad su mandato. El resultado fue un inventario de propuestas, muchas de ellas impracticables, entre las cuales se hace necesario bucear para hallar las esenciales. Es un ejercicio de escucha y diálogo, pero si ha de rendir frutos, será a partir de una negociación política que ni siquiera ha comenzado.

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