EscucharLa próxima campaña electoral costará al país ¢36.000 millones si los diputados no aprueban la reforma necesaria para bajar la deuda política a ¢24.000 millones. La suma escapa a las posibilidades económicas del país, pero el Ministerio de Hacienda no puede dejar de presupuestarla, porque el cálculo se hace según un mandato incorporado a la Constitución Política.
La opinión pública, consciente de la situación económica y de las necesidades sociales y de infraestructura insatisfechas, clama constantemente por un freno al despilfarro, pero los diputados fingen no escuchar y la propuesta de rebajar el gasto de campaña tiene escasas posibilidades, según la diputada Jeannette Ruiz, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
La legisladora es la más distinguida proponente del cambio. Su propuesta es resolver el problema de una vez por todas imponiendo un límite constitucional a la contribución estatal de entre 0,08% y 0,11% del PIB, según lo permita la situación económica del país. Esa solución ideal no es incompatible con una medida más urgente para evitar el gasto excesivo en la próxima contienda.
El 0,19% del PIB fijado actualmente en la Constitución Política implica un aumento de ¢17.000 millones en relación con lo gastado en el 2010. Ni la inflación ni ningún otro factor justifican el salto. Sobre todo, la suma parece injustificada en vista de los abusos cometidos por varias agrupaciones participantes en la campaña del 2010. Más de ¢4.000 millones en gastos de esa justa electoral fueron cuestionados por el Tribunal Supremo de Elecciones, es decir, un 13% de los pagos reclamados por las agrupaciones participantes.
Si no hay un ajuste a tiempo para las próximas elecciones, solo la deuda correspondiente al Partido Liberación Nacional se acercaría, en el 2014, al gasto total de la campaña precedente. Los demás recibirán aumentos proporcionales a su desempeño electoral en el 2010 y a la nueva y jugosa piñata del 2014.
La dirigencia política del país debe detenerse a meditar sobre el daño a la institucionalidad derivado de semejante gasto en un momento difícil para la economía nacional. La impopularidad del despilfarro debe figurar también en las cavilaciones. La credibilidad del sistema político puede sufrir un nuevo y potente golpe si la Asamblea Legislativa persiste en el empeño de no imponer un límite a la deuda política del proceso electoral en ciernes.
El momento también es propicio para impulsar la reforma propuesta por la diputada Ruiz y dejarla adelantada para que el próximo Congreso pueda terminar el trámite, más prolongado, de una reforma constitucional. No hacerlo implica arriesgarse a llegar a las puertas del 2018 con idéntico problema y una suma todavía mayor, en ese momento, seguramente astronómica.
Desde el 14 de enero, la Sala Constitucional mantiene en suspenso el uso de los bonos de la deuda política utilizados por los partidos para garantizar créditos destinados a financiar la campaña. La suspensión se produjo en respuesta a una acción de inconstitucionalidad planteada por los ex diputados Federico Malavassi (libertario) y Rodrigo Alberto Carazo (PAC), junto al politólogo Gabriel Bonilla. La acción cuestiona los artículos del Código Electoral donde se establece el mecanismo de financiamiento, calificado de “perverso” por el propio Tribunal Supremo de Elecciones.
Ya hay conversaciones con el sistema bancario para encontrar la forma de proveer a los partidos de financiamiento en ausencia de los bonos pero, en cualquier caso, la decisión de la Sala Constitucional no debe servir de excusa para abstenerse de poner límite al gasto. Esa es una responsabilidad de los diputados frente a la economía nacional y el fuerte reclamo de la opinión pública. En sus manos está responder sin condicionamientos.
