Nuestra deuda ecológica

Las medidas correctivas también parecen obvias, pero no será fácil adoptarlas. Chocan contra una amalgama de intereses económicos y prejuicios ideológicos capaces de descarrilar el cambio. La reforma del transporte, por ejemplo, pasa por fuertes pugnas con los operadores, sistemáticamente opuestos al replanteamiento de las rutas para limitar el ingreso a la ciudad y organizar el traslado de personas en torno a un eficiente sistema de trasbordos.

La sustitución de los medios de transporte existentes por otros más limpios y silenciosos tampoco despertará simpatías entre los actuales proveedores del servicio. Eso vale, también, para los transportistas de bienes. El fracaso de innumerables iniciativas de reorganización o reemplazo de los medios de transporte existentes es el mejor testimonio de la magnitud del reto. Producto de la inacción o la posposición de las soluciones, la dependencia de los hidrocarburos se profundiza y su importación crece.

Pero los intereses económicos opuestos al cambio no son la única razón del estancamiento. El mismo efecto tienen los prejuicios ideológicos y las mal entendidas preocupaciones ecologistas, cuyos proponentes son capaces de cruzarse de brazos cuando el Instituto Costarricense de Electricidad inaugura una nueva y contaminante planta térmica, pero se lanzan a la calle para negarle la posibilidad de explotar la geotermia en los parques nacionales.

La nueva planta de generación térmica de Garabito, en Puntarenas, quemará 122 millones de litros de combustible fósil al año para producir 200 megavatios. Mientras tanto, los cálculos del ICE apuntan a la existencia de unos 1.000 megavatios explotables a corto plazo si el país se decide a flexibilizar el acceso a la geotermia.

Esos 1.000 megavatios alcanzan para sustituir buena parte de la producción basada en hidrocarburos, con lo cual disminuiría significativamente la huella ecológica, pero los recursos geotérmicos están en el subsuelo cercano a los volcanes, casi todos bajo protección del sistema de parques nacionales, cuya absoluta inviolabilidad se ha elevado a dogma de fe. Los parques pueden ser compensados con la adición de terrenos en otra parte o el cobro de un canon a la generación eléctrica para invertirlo en su conservación, pero, aun así, hay quienes prefieren la contaminación de los hidrocarburos.

Por razones más estrechamente ideológicas, ha sido imposible derribar las barreras impuestas a la generación de energía limpia por la empresa privada. Esos generadores ofrecen energía limpia en cantidades comparables con las de Garabito.

No ofrecen más porque la ley no les permite superar el 30% de la capacidad instalada nacional. Tampoco logran llenar esa cuota porque los precios fijados por las autoridades no justifican la inversión, y el Estado responde con desesperante lentitud a su petición de elevar la tarifa al equivalente de una cuarta parte del costo de generación en Garabito.

La falta de ordenamiento territorial, el otro elemento destacado entre los responsables de nuestra huella ecológica, es también fácil de constatar a primera vista. El crecimiento urbano de baja densidad acapara las mejores tierras, contamina los mantos acuíferos y pone presión sobre otros recursos naturales. De nuevo, se trata de un problema difícil de resolver en virtud de los intereses involucrados y la falta de rigor a la hora de conceder permisos y diseñar planes reguladores y de zonificación.

Los retos señalados por el Estado de la Nación son formidables, pero al país no le queda más remedio que enfrentarlos, no solo para bien de la calidad de vida de sus habitantes, sino para ser coherente con su bien publicitada prédica ecologista en el ámbito internacional.