Opinión

EDITORIAL

Una deuda ancestral

Actualizado el 12 de junio de 2013 a las 12:00 am

Según la Contraloría, el Estado no cuenta con una política para desarrollar una labor coordinada y sistemática de protección de los derechos de los indígenas.

Las comunidades autóctonas sufren de importantes limitaciones en el acceso a los servicios de agua, electricidad, salud y educación.

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El Estado costarricense y sus instituciones tienen una deuda ineludible con los pueblos indígenas, los cuales aún luchan por lograr un pleno reconocimiento de su identidad cultural, de su territorio y de sus derechos humanos.

En una entrevista con La Nación, uno de sus líderes, Óscar Almengor, clamó por la situación de desamparo en la que se encuentran y reclamó ante la clase política y la Asamblea Legislativa que se hayan burlado de sus necesidades al negarse a aprobar el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas. Esta iniciativa se presentó por primera vez en la legislatura 1994-1998 y fue sometida a consulta en el 2006, en uno de los pocos casos en que las comunidades han podido hacer valer su derecho a la autodeterminación.

La oportunidad histórica se desperdició y con ella se vieron frustradas, una vez más, las esperanzas de estos grupos étnicos. Con más indignación que esperanza, Almengor solicitó nuevamente que la legislación fuera ratificada antes del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

La impaciencia de este y de otros dirigentes, después de una paciencia de siglos, es comprensible y debe llevarnos a reflexionar sobre la injusticia ancestral que perpetra la comunidad nacional sobre las minorías autóctonas. En nuestro país, los indígenas son invisibles o son objeto de estereotipos, burla o indiferencia. Sus derechos son de papel, pero no se llevan a la práctica jurídica y social.

Según el censo del 2011, un 2,4% de la población costarricense es indígena, lo que representa casi 105.000 habitantes. El Estado reconoce ocho culturas y 24 territorios “inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivos”, que cubren 350.000 hectáreas de una inmensa y codiciada riqueza natural.

En la realidad, un alto porcentaje de estas tierras son de propiedad privada y durante décadas han dado origen a violentos conflictos agrarios, usurpaciones ilegales, tráfico de influencias y corrupción. La Defensoría de los Habitantes considera que la situación puede tornarse una “bomba de tiempo” si el Estado no interviene en la recuperación de los terrenos, en lugares como Zapatón (Puriscal) y Térraba (Buenos Aires de Puntarenas), donde la posesión no indígena es superior al 85%.

En razón de la inoperancia de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conái), que nominalmente existe desde hace 40 años, “Costa Rica no tiene un marco institucional para atender los temas relativos a los pueblos indígenas.

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De acuerdo con la Contraloría General de la República, el Estado tampoco cuenta con una política que le permita desarrollar una labor coordinada y sistemática para proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad”, se dice en el capítulo 7 del XVIII Informe Estado de la Nación (2011), dedicado a esta problemática.

Las comunidades autóctonas, sobre todo al interior de sus territorios, sufren de importantes limitaciones en el acceso a los servicios de agua, electricidad, salud y educación, que las convierten en los grupos social y económicamente más vulnerables del país. Sin embargo, quizá el aspecto esencial en el abordaje de la cuestión indígena sea el no reconocimiento de su identidad.

Tal y como afirman los especialistas Álvaro Paniagua y Marjorie Herrera, de la Defensoría de los Habitantes, en el capítulo del Estado de la Nación, “es con el respeto a las diferencias como se garantiza el trato igualitario”. En nuestro país, los indígenas “son tratados técnica y científicamente por igual, sin importar raza, religión o lugar de procedencia”, por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y otras instituciones estatales, lo cual vulnera su cosmovisión y tradiciones culturales.

A pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Subsistema de Educación Indígena, aún se está muy lejos de poder ofrecer una enseñanza bilingue e intercultural que asegure la subsistencia y enriquecimiento del mayor patrimonio que posee un pueblo, como es su idioma.

Un hecho relevante es que del 2000 al 2011, el porcentaje de hablantes de lenguas indígenas pasó de 58,3% a 30,4%, lo cual nos cuestiona sobre el futuro de la herencia linguística de nuestros pueblos originarios.

La deuda histórica con los indígenas costarricenses es tan abultada que no puede pagarse tan solo con la aprobación de una ley, pero sería un buen inicio para desterrar lo que quede de los prejuicios todavía prevalecientes en Costa Rica.

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