Tres radioterapeutas del Hospital México contribuían a decidir si los pacientes con cáncer serían tratados en las instalaciones propias o si se les referiría a Radioterapia Irazú, donde ellos mismos los atenderían. La factura pasaba a la Caja Costarricense de Seguro Social, según el contrato de compra de servicios suscrito con la empresa privada.
Cuando la Caja intervino el Servicio de Radioterapia de ese hospital, a mediados del año pasado, pidió a seis funcionarios decidir si permanecían en la institución o seguían laborando para Radioterapia Irazú. La pertinencia de esa decisión se hace ahora evidente.
En Radioterapia Irazú, los mismos funcionarios eran, al parecer, mucho más eficientes. En el 2008, por ejemplo, la Caja utilizó sus dos equipos para atender al 37% de los irradiados. Radioterapia Irazú atendió al 67% restante con un solo acelerador lineal. Los dos aceleradores de la Caja, es cierto, pasan mucho tiempo fuera de servicio. Los de la empresa privada, a juzgar por la cantidad de pacientes atendidos, sufren menos desperfectos, aunque los maneja el mismo personal.
Entre el 2003 y el 2009, la Caja pagó $10,4 millones a Radioterapia Irazú. La suma alcanza para comprar tres aceleradores lineales. Desde el primer día, los números eran fáciles de hacer y proyectar en el futuro. Por eso, la decisión de comprar servicios externos en lugar de invertir fue criticada desde el principio.
Con la tercera parte de la suma pagada a Radioterapia Irazú, la Caja pudo haber comprado un acelerador lineal, suficiente en la empresa privada para atender al 67% de los pacientes irradiados en el 2008. Con sus otros dos aceleradores trabajando al mismo ritmo ineficiente, la Caja pudo haber atendido a la totalidad de los pacientes.
Claro está, no hay motivo para que esos dos aparatos laboren a paso tan lento. No se trata de una hipótesis, sino de hechos comprobados. Unos tres meses después de la intervención del Servicio de Radioterapia del Hospital México, la seguridad social ya atendía, en sus propias instalaciones, a 122 pacientes más por mes.
Hace siete años, el 22 de setiembre del 2005, la Junta Directiva de la Caja escuchó las críticas y aprobó la compra de tres nuevos aceleradores lineales que debían entrar en funcionamiento, paulatinamente, en los años 2007, 2008 y 2010. A la fecha, nada de eso ha sucedido. La institución promete dos nuevos equipos para el 2013, cuando habrá pagado al menos otro par de millones de dólares a Radioterapia Irazú. La inversión total en los nuevos equipos, además de la ampliación de las instalaciones, costará $15 millones.
Tantas demoras, conflictos de interés, diferencias en el desempeño y sinsentidos financieros, dejan a la Caja muy mal parada. Pero el problema no es solo económico. El desorden se refleja en la existencia de listas de espera. Es decir, a lo largo de los años ha habido víctimas de una enfermedad mortal, urgidas de tratamiento y sin más remedio que resignarse a esperar.
Esa circunstancia pone en duda la respuesta de la presidenta ejecutiva, Ileana Balmaceda, cuando se le preguntó si se ha jugado con la salud de los pacientes. “Con la salud no, pero sí con el dinero de la Caja”, contestó.
El bienestar de un enfermo depende de la atención oportuna, dentro de las posibilidades. Si el desorden disminuye esas posibilidades, la injustificable afectación de la salud no puede ser ignorada.
No obstante, es necesario reconocer el esfuerzo de la Dra. Balmaceda, en cuya administración se adoptaron los correctivos esperados durante tantos años en la radioterapia y en otras áreas del quehacer institucional.
El caso de la radioterapia no se agota en los problemas descritos y sus consecuencias. Los auditores también detectaron el pago de millonarias facturas pese a la alteración de datos y la ausencia de otros requisitos reglamentarios.
La Dra. Balmaceda promete seguir investigando. En buena hora haga públicos los hallazgos.