Las tasas de desempleo y subempleo son preocupantes y exigen repensar las disposiciones reguladoras de la relación laboral

 17 noviembre, 2014

La tasa de desempleo en Costa Rica se incrementó a un 10% de la fuerza laboral, según la última encuesta trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El subempleo también se mantuvo elevado, en un 13,4% de la fuerza laboral. Eso obliga a todos los interesados –patronos, trabajadores y, especialmente, el Gobierno– a indagar las causas y formular estrategias más efectivas para combatir el problema.

Las causas del elevado desempleo abierto, al igual que el subempleo, han sido debidamente identificadas desde hace mucho tiempo, aquí y en otras partes del mundo. La principal causa es la pérdida de dinamismo de las economías. Cuando la producción no crece lo suficiente para absorber a todos los trabajadores que se incorporan constantemente a la fuerza laboral, surge el incremento del desempleo. La solución es cajonera, aunque difícil de implementar: hay que hacer un esfuerzo por incrementar el crecimiento real del PIB para generar empleo y disminuir el paro.

Los esfuerzos deben provenir de varias vertientes. El sector privado es, por mucho, el principal empleador. Es fundamental crear las condiciones adecuadas para generar confianza e inducir a los productores a invertir más, aspecto en el que todavía hay un gran camino por recorrer, según hemos mencionado en ocasiones anteriores. Pero hay dentro del sector privado un creciente segmento caracterizado por la informalidad, donde se refugia una cantidad de trabajadores con muy bajos niveles de escolaridad. Se estima que hasta un 60% de la fuerza laboral se compone de trabajadores no calificados, subsector vulnerable al desempleo permanente y la pobreza.

Muchos de los informales perciben salarios inferiores al mínimo, carecen de garantías laborales y, como no cotizan, tampoco tienen la protección de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El crecimiento de la informalidad es, desafortunadamente, un problema económico y social. Se relaciona directamente con el menor dinamismo de la producción formal, y resulta una especie de residuo provocado por la necesidad de trabajar frente a las menores oportunidades creadas en el sector formal. Y aquí es donde entran las políticas públicas a desempeñar un papel importante para disminuir la informalidad y el desempleo, acompañadas de reformas legales para permitir mayor flexibilidad laboral.

Algunas normas del Código de Trabajo y de la CCSS han resultado demasiado inflexibles frente a las necesidades cambiantes del sector privado formal. La producción moderna, sujeta a una fuerte competencia nacional e internacional, exige mayor flexibilidad semanal y anual para acomodar los turnos de los trabajadores en jornadas distintas de las contempladas en la legislación laboral. Pero, actualmente, no se pueden implementar esas jornadas sin contravenir normas vinculantes del Código Laboral. El denominado “teletrabajo”, que es la posibilidad de que el empleado haga desde su casa labores encomendadas por los patronos, tampoco está bien regulado, y no hay suficiente seguridad jurídica para empleadores y trabajadores. Existe un vacío que se debe subsanar.

La Unión de Cámaras ha venido insistiendo en la urgente necesidad de modificar el Código de Trabajo para permitir la contratación de trabajadores bajo esquemas más flexibles, con el fin de acomodar las jornadas permitidas a las necesidades empresariales, sin que, por ello, se dé por rota la relación laboral, con las consabidas consecuencias económicas. También solicitan una mayor regulación del teletrabajo y –muy importante en la realidad del subempleo actual– que la CCSS no exija la totalidad del pago de sus contribuciones a los trabadores de medio tiempo, como si fueran contratados por una jornada completa. Esa exigencia no solo resulta absurda ante la realidad, sino que impone una especie de impuesto camuflado que deben sufrir patronos y trabajadores, y que desestimula la contratación de jóvenes, mujeres y trabajadores informales, que son los segmentos más vulnerables de la fuerza laboral. Se impone, desde luego, una reforma a la mayor brevedad posible.

Dicho lo anterior, podemos cerrar con una nota de optimismo. El Gobierno de la República, con el decidido impulso de Víctor Morales, ministro de Trabajo, decidió establecer el Consejo de Competitividad para estudiar estos y otros temas conexos. Shirley Saborío, directora ejecutiva de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales (Uccaep), resumió sus peticiones así: “Es necesario aprobar una ley de actualización de las jornadas laborales que permita jornadas acumulativas, anualizadas y comprimidas, de acuerdo con las necesidades reales, y legalizar el teletrabajo”.

En el Consejo de Competitividad participarían activamente representantes de los trabajadores y patronos, junto a la representación oficial, para rendir un dictamen y proponer las reformas necesarias. Esperemos que todas las fracciones legislativas las apoyen en su debida oportunidad.

Etiquetado como: