Ligia Fallas, diputada del Frente Amplio, decidió impedir el funcionamiento de las tres comisiones plenas del Parlamento. Para lograrlo, presentó diez mociones, relativas a igual número de proyectos de ley, con la intención de devolverlos al plenario legislativo. No lo hizo por desacuerdo con las iniciativas. Tampoco para mejorarlas en algún aspecto ni porque creyera en la necesidad de someterlas a consideración de todos los diputados, dada la importancia de la materia tratada. Lo hizo porque no la nombraron en la Comisión Especial de la Mujer, de la cual fue integrante durante la legislatura pasada.
La integración de las comisiones es potestad del Directorio legislativo pero, si a doña Ligia no le gusta la decisión tomada al amparo de la normativa vigente, tiene derecho a paralizar el Congreso. La solución es nombrarla donde ella guste y punto. Los proyectos obstaculizados no guardan relación alguna con el conflicto, pero pagan la cuenta. Son iniciativas relacionadas con el régimen municipal, la transparencia de las compras públicas y la alfabetización digital.
Todos esos temas deben esperar a que doña Ligia se contente. Para eso es la democracia, según parece entenderla el Frente Amplio. Si no se respeta la voluntad de la legisladora en cuanto a las comisiones donde quiere prestar servicio, surge el derecho a frenar los procesos legislativos, no importan las consecuencias para la transparencia de las compras públicas o la educación digital.
El plenario legislativo conoció las diez mociones de la diputada y las rechazó por amplia mayoría. Los proyectos debían volver a la comisión plena, pero el frenteamplista Carlos Hernández no estaba dispuesto a permitir el atropello antidemocrático de la vasta mayoría contra su compañera de bancada. En consecuencia, reiteró la misma decena de mociones.
Antonio Álvarez Desanti, presidente de la Asamblea Legislativa, emitió entonces una resolución para impedir múltiples reenvíos del mismo proyecto al plenario. En opinión de Álvarez, se trata de un abuso del derecho. La práctica de devolver los proyectos a capricho anula la función de las comisiones plenas, creadas para acelerar la discusión de iniciativas que no es necesario tramitar en el plenario. Puede haber alguna oportunidad en que la delegación a la comisión plena sea inconveniente. Para esos casos, el reglamento prevé la posibilidad de una devolución, pero un intento basta, y si la delegación queda ratificada, la comisión plena debe abocarse a cumplir sus funciones.
El diputado Hernández no se dio por vencido y apeló la resolución de la presidencia. La apelación fue rechazada por una mayoría abrumadora de 37 votos, con solo los siete del Frente Amplio a favor. De inmediato, Hernández anunció su intención de perseverar. Acudirá a la Sala Constitucional para combatir la violación de su derecho parlamentario. Todo, valga recordar, porque a la diputada Fallas no se le nombró en la comisión de su preferencia.
Suray Carrillo, también diputada del Frente Amplio, criticó la resolución de Álvarez y la tildó de autoritaria. Comprende a sus compañeros, porque ella misma obstaculizó la labor de la Comisión de Reglamento donde se discutían limitaciones a las herramientas legislativas que permiten maniobras como las señaladas. A Carrillo le dan “risa” las críticas a los “presidentes del sur” cuando en el Parlamento costarricense se procura imponer “un régimen autoritario”.
En otras palabras, la legisladora no ve diferencia entre las reformas necesarias al reglamento parlamentario costarricense y el autoritarismo de Nicolás Maduro. Le da risa la completa desnaturalización del orden constitucional y la brutal represión de las facultades del Poder Legislativo. Ríe con la complicidad de un sistema judicial sometido a los caprichos de la presidencia de la República. Le da risa la mención de los presos políticos, la corrupción galopante y la ruina económica cuando en el Congreso costarricense se le niega a Ligia Fallas el “derecho” a paralizarlo todo mientras no se haga su voluntad de ser nombrada en la Comisión Especial de la Mujer.
Si persisten en su actitud, el presidente de la Asamblea Legislativa y la mayoría que lo respaldó se arriesgan a que el Frente Amplio promueva la invocación de la Carta Democrática de la OEA contra Costa Rica.