En muchos casos, los depredadores del gasto social están dentro de los organismos encargados de administrarlo

 23 octubre, 2014

La complejidad de los programas sociales, la duplicación de esfuerzos, la mala identificación de los beneficiarios y el sangrado de recursos para satisfacer el abultado costo de la burocracia explican por qué el país está entre los más comprometidos con la inversión social en el continente y, al mismo tiempo, sufre la frustración de ver el limitado impacto de sus esfuerzos sobre los índices de bienestar social, en especial el de pobreza.

El desorden administrativo es grande, pero en demasiadas ocasiones surgen indicios de una persistente y costosa corrupción, no importa si es en un programa de ahorro y préstamo creado para beneficiar a la clase media o en un sistema de becas destinado a apoyar la escolaridad de los más pobres.

En agosto, la Contraloría General de la República reveló la utilización de contratos del plan de financiamiento confiado al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para beneficiar a personas jurídicas, algunas de ellas vinculadas con agentes vendedores del sistema. Las sumas alcanzan varios miles de millones y solo una pequeña parte se destinó a proveer vivienda a la clase media.

La institución, dijo su presidenta ejecutiva, es parte de la “finca encharralada” heredada por la actual Administración, y no descartó la posibilidad de encontrar otras irregularidades, para lo cual contrató los servicios de un consultor.

En el mismo mes se supo de irregularidades en el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), más allá de su lentitud e ineficiencia. La institución se vio obligada a investigar las ayudas concedidas a hijos de 257 docentes, ninguno de los cuales califica para recibirlas. Las becas del Fonabe son para los más pobres, definidos como personas cuyos ingresos familiares rondan los ¢97.484 o menos.

Los salarios de los docentes cuyos hijos fueron beneficiados con ayudas de ¢17.000 mensuales superan los ¢500.000, en el peor de los casos, porque entre ellos hay funcionarios de alto nivel, incluidos directores de planteles educativos y asesores de las direcciones regionales. “Caeríamos en una irresponsabilidad, si se permiten situaciones de este tipo”, expresó el director del Fonabe.

Los interventores de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), creada hace 15 años para combatir la pobreza en cinco cantones de la región Brunca, investigan si altos funcionarios de la entidad beneficiaron a familiares, están en deuda con la institución o se involucraron en situaciones en las que existen conflictos de interés.

Los recursos del Sistema Financiero para la Vivienda, destinados a construir casas de interés social, no siempre se adjudican de conformidad con los requisitos del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). El INVU se vio obligado a despedir a dos altos funcionarios por beneficiar a la cuñada, la hermana y la suegra de uno de ellos con viviendas en Guararí de Heredia. En otro caso, suspendió a una funcionaria por permitir la ocupación de tres viviendas a familias carentes de los requisitos y abrió una investigación contra uno de sus ingenieros, que habita una casa de interés social ubicada en un proyecto cuyos beneficiarios él ayudó a escoger.

En todos los ejemplos apuntados, y en muchos más, los depredadores del gasto social están dentro de los organismos encargados de administrarlo. No existirían, si la detección de la sangría fuera tan frecuente como sería necesario para disuadir a quienes se comprometen en actos de esta naturaleza. Es razonable presumir, entonces, la existencia de muy cuantiosas pérdidas no detectadas internamente en las instituciones encargadas de los programas sociales, más allá de los casos de corrupción ejecutados en connivencia con proveedores y otros agentes externos.

Sin embargo, la mayor parte de los controles están diseñados para detectar esos últimos casos. Esas salvaguardas no están de más, pero la experiencia aconseja a las instituciones volver los ojos sobre sí mismas para identificar al depredador interno. Individualmente, casos como los apuntados no producen las mayores pérdidas, pero su cuantía, en conjunto, podría resultar sorprendente, si no fuera tan difícil estimarla. Basta apuntar que todos los casos reseñados salieron a la luz pública en lo que va del semestre.

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