Las autoridades penitenciarias decomisan miles de celulares, pero los cómplices de los reos, entre ellos policías y abogados, los reponen con prontitud

 15 febrero

En dos años, los reclusos del sistema penitenciario han logrado perpetrar unos 1.300 delitos más allá de los muros, gracias a la disponibilidad de teléfonos celulares. La mayoría son timos, pero las telecomunicaciones también sirvieron para transmitir la orden de ejecutar nueve homicidios y para coordinar 152 transacciones de drogas, hasta donde la Policía ha logrado saber.

El problema es grave. Las autoridades penitenciarias decomisan miles de celulares, pero los cómplices de los reos los reponen con prontitud para impulsar el negocio de venta de minutos a otros reclusos, así como la delincuencia contra víctimas fuera de los centros penitenciarios.

Es fácil imaginar el tráfico de teléfonos a manos de familiares, amigos y cómplices los días de visita, pero hay colaboradores sorprendentes. En los últimos años, el Ministerio de Justicia ha castigado a 13 policías penitenciarios por introducir teléfonos en las prisiones. Más extraordinaria que la colaboración de los encargados de mantener la seguridad son las sanciones impuestas por ayudar a vulnerarla. Seis de los 13 guardias fueron despedidos, pero los otros siete apenas sufrieron entre tres y 30 días de suspensión.

Tampoco hay sanciones de consideración para los visitantes. Introducir teléfonos en las cárceles no es delito y la sanción administrativa habitual es prohibirle a la persona el acceso a las prisiones durante un año. Quizá por eso el Ministerio de Justicia sospecha que entre los colaboradores de los reos en la cárcel de San Sebastián hay una docena de abogados.

Según las autoridades, los abogados acceden a colaborar debido a la relación que se forja a lo largo del tiempo entre ellos y sus defendidos. Los defensores tienen más oportunidades de visitar los centros penitenciarios y algunos se aprovechan de esa circunstancia.

Vista la dificultad de detener el tráfico de celulares a la entrada de los centros penitenciarios, el Ministerio de Justicia, en colaboración con el de Ciencia y Tecnología, planteó un proyecto de ley para permitir el bloqueo de la señal en las cárceles. La iniciativa plantea complejidades, como la posible afectación de los derechos constitucionales de terceros y el costo de mantener los aparatos necesarios, porque son caros y están expuestos al vandalismo de los reos para inutilizarlos.

Sin embargo, en este momento, el principal obstáculo a vencer es el proceso legislativo. La iniciativa de ley está estancada desde hace poco menos de un año en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso. No avanza porque no figura entre las prioridades del Ejecutivo y en los últimos días, la vía rápida acordada para tramitar la iniciativa que reestablece el impuesto a las personas jurídicas obligaba a los diputados a suspender las sesiones de comisión para asistir al plenario.

Superado ese debate, sin embargo, la mejor estimación para comenzar a examinar el proyecto es de seis meses. La propuesta parece de sentido común y si bien hay posibilidad de topar con dificultades legales y prácticas, no se justifica el paso de años, como parece probable, antes de aprobar la reforma legislativa necesaria.

Las operadoras del servicio celular han manifestado su anuencia a colaborar con las autoridades, aunque con reservas sobre el mantenimiento y reposición de los costosos equipos ante la posibilidad del vandalismo, según la experiencia recabada por las empresas en otros países. Sin embargo, hay disposición de hacer la inversión inicial para defender a la sociedad de los delitos cometidos desde la cárcel. Esa buena voluntad está, también, en espera de la acción de los diputados.