Las recientes enmiendas a la ley son una herramienta, como dice el director de tránsito, para mejorar el nivel de vida de la ciudadanía

 16 agosto

La Policía de Tránsito se lanzó a estrenar las nuevas normas contra la conducción en estado de embriaguez, el estacionamiento ilegal y la emisión de ruido y humo en exceso. Esas conductas ilegales, en especial las últimas tres, casi siempre son obvias y hasta ahora se han practicado en público, sin temor a las consecuencias.

El exceso de alcohol en la sangre no siempre es obvio y confirmar la sospecha exige exámenes, pero el conductor puede negarse. En esos casos, la nueva ley permite imponer una multa de ¢306.850, pérdida de seis puntos de la licencia y la obligación de aprobar un curso de reeducación vial, con nota mínima de 80.

En cambio, la emisión de gases por encima del nivel permitido casi siempre se detecta a simple vista, cuanto más grave la transgresión, con mayor facilidad. El olfato también ayuda. Ningún costarricense, en especial los habitantes de las ciudades, han dejado de experimentar la sensación de asfixia al paso de un vehículo expulsor de imperdonables nubes de humo.

Entre los expertos hay consenso sobre la primordial responsabilidad de los vehículos en la contaminación del aire urbano. Así será mientras no adoptemos tecnologías más limpias y hagamos un esfuerzo por mejorar el transporte colectivo. Sin embargo, el control de los vehículos contaminantes en carretera produciría resultados muy significativos, como los ya logrados por la revisión técnica, en cuya ausencia la situación sería peor.

Un estudio encargado por el Ministerio de Ambiente y Energía al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) reveló que, en promedio, en la Gran Área Metropolitana (GAM) respiramos un aire hasta con 50 micrómetros de contaminantes por metro cúbico. En La Ribera de Belén se llega a 55 micrómetros, cuando en zonas menos transitadas, como San Vicente de Moravia, apenas hay 20.

Si el país lograra mejorar la calidad del aire en la GAM, economizaría $17 millones invertidos tan solo en atender la bronquitis, además de los gastos de tratar otras afecciones, según cálculos de los expertos.

Las sanciones descritas para el caso de rechazar la alcoholemia se aplicarán también al exceso de emisiones de humo y, afortunadamente, a la producción de ruido por encima de los decibeles permitidos. Esta última es quizá la más flagrante de todas las burlas a la ley cometidas en la red vial costarricense.

Conductores de autos y motos se lanzan a las calles a presumir del ruido de sus motores, una vanidad un tanto ridícula cuando se compara el lamentable estado y antigüedad del vehículo con la bulla que imita a máquinas realmente poderosas. Esa tonta ilusión de algunos es el martirio de todos los demás y no tiene justificación alguna. En otros casos, el ruido es producto del deterioro de los vehículos. También es inadmisible, visto el daño causado a los semejantes.

Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, describió la ley como una herramienta para proteger el ambiente sonoro cuya repercusión en la salud pública está bien demostrada. La norma también puede ser una herramienta contra los piques, porque parte importante de ese vicio es arreglar muflas y motores para aparentar enorme potencia. Suficientes multas de ¢306.850, además de la pérdida de puntos de la licencia y la reeducación obligatoria convencerán a los picones de abandonar la práctica. Esas sanciones tienen la ventaja de ser imponibles aunque el oficial no presencie actos de conducción temeraria.

La nueva ley es una herramienta, como dice el director de tránsito, para mejorar el nivel de vida de la ciudadanía y protegerla de la delincuencia impune, pero de poco servirá si la Policía de Tránsito y sus auxiliares, incluidas las policías municipales, no se animan a utilizarla.