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EDITORIAL

La decisión del BCR

Actualizado el 26 de mayo de 2017 a las 10:00 pm

La Junta Directiva decidió, por unanimidad, el retiro de ¢70.877 millones invertidos en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito)

Quizá el principal argumento a favor de Bancrédito es su existencia y el impulso del Estado costarricense a preservar sus instituciones a todo costo y aun a enorme costo

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El Banco de Costa Rica (BCR) recordó su obligación de proteger los recursos de sus clientes y el patrimonio del Estado. En consecuencia, su Junta Directiva decidió por unanimidad el retiro de ¢70.877 millones invertidos en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), cuya existencia depende, desde hace años, de la obstinada insistencia gubernamental.

Entre el BCR y la decisión adoptada se erguía ese empeño, plasmado en el decreto ejecutivo n.° 071-P, que ordena a la banca estatal, las empresas públicas y las instituciones autónomas fortalecer a Bancrédito mediante inversiones. El decreto pide, ni más ni menos, arriesgar capitales sanos, necesarios para el cumplimiento de los fines institucionales, sin ofrecer razones convincentes para sostener al atribulado Banco.

Quizá el principal argumento a favor de Bancrédito es su existencia y el impulso del Estado costarricense a preservar sus instituciones a todo costo e incluso a enorme costo. Si el Banco no logra subsistir como tal, se le transforma en caja recaudadora de impuestos y derechos. Si eso no funciona, siempre está la posibilidad de transformarlo en un banco de fomento y desarrollo, como se ha anunciado. No importa la fórmula o su necesidad, lo importante es mantener las puertas abiertas.

Examinados los planes, el BCR no encontró razones para mantener las inversiones. Según dijo, no hay un proyecto viable para la recuperación. El gobierno, por su parte, promete hacer cuanto esté a su alcance para evitar una caída de la entidad en la irregularidad financiera que le ronda desde hace meses.

Bancrédito tampoco logra captar recursos del público, que parece haber llegado, desde mucho antes, a la misma conclusión de la Junta Directiva del BCR. Es mejor invertir en otra parte. Ese es uno de los problemas. La atracción de fondos se hace mediante captaciones a plazo, negociadas con otras entidades financieras, y no con depósitos a la vista. Es una captación mucho más cara. La cartera de crédito muestra deterioro y la mora a 90 días está cerca del límite del 3%. Los gastos administrativos han venido creciendo más que las utilidades operativas. En consecuencia, las ganancias han bajado a lo largo de los últimos cuatro años.

El Banco, como señala el proyecto del diputado Ottón Solís para cerrarlo y trasladar sus negocios y activos al BCR, nació en 1918 para promover el desarrollo agrícola de Cartago. Ese limitado campo de acción geográfica y económica justificó su existencia hace un siglo, pero no lo hace en la actualidad. El resto de los bancos cumplen la misma función y otras mucho más amplias en todo el país.

También obsoletas quedaron las funciones asignadas a Bancrédito para salvarlo. Un ejemplo idóneo es el pago del impuesto de salida del país, antes un servicio exclusivo de Bancrédito y ahora incorporado a los boletos aéreos, porque no tiene sentido cobrarlo por aparte.

A pesar de ese y otros negocios exclusivos, como la recaudación del impuesto sobre la renta, la venta de timbres y especies fiscales, la administración de una parte de los fondos del Sistema de Banca para el Desarrollo (el Fideicomiso Nacional para el Desarrollo, Finade) y el servicio de cajas en las tiendas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Bancrédito necesitó, en el 2008, una capitalización de $17,5 millones. En vista de los problemas recientes, el remedio quedó corto.

Esas son las circunstancias del retiro de los fondos del BCR, cuya ausencia dificultará, todavía más, la inyección de recursos necesaria para mantener el Banco abierto. Esas mismas circunstancias dificultan comprender el empeño del gobierno en una empresa que podría resultar muy costosa.

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