Debilidad de los regímenes de pensiones

El interés por el destino del fondo trasciende en mucho al círculo de potenciales beneficiarios, porque, si se presentan problemas, las obligaciones del fondo recaerán sobre el maltrecho presupuesto nacional, como ya lo sugirió la Superintendencia de Pensiones (Supén) cuando recomendó el cierre definitivo del régimen especial y privilegiado del Poder Judicial.

La Supén propuso trasladar a los empleados judiciales activos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social y cargar al presupuesto el pago de los ya jubilados, con fuerte impacto sobre las finanzas públicas. Si el traslado se hiciera en este momento, el costo de mantener a 3.648 pensionados ascendería a un 3,6% del producto interno bruto. La medida, radical y onerosa, es necesaria, según la Superintendencia, para evitar consecuencias aun mayores.

Según la circular de los magistrados, “las jubilaciones y pensiones del Poder Judicial no serán una carga para el Estado ni para la ciudadanía, ya que el fondo es autosostenible con los aportes de sus contribuyentes”. Frente a ese pronunciamiento, el superintendente, Édgar Robles, se muestra escéptico. La utilidad del régimen de pensiones de la Corte disminuyó un 23% entre el 2012 y el 2013. Si bien los ingresos aumentaron un 11% el año pasado, los gastos del mismo periodo crecieron un 30%. Los recursos disponibles para pagar pensiones son cada vez menos y los jubilados aumentan al ritmo de un 5% anual.

Con vista en esa realidad, Robles insiste en que el deterioro del sistema es constante y se ha venido acelerando en los últimos años. La Superintendencia cuestiona, en particular, la capacidad del régimen para mantenerse a sí mismo. Si la Corte pretende conservar los beneficios vigentes, sus empleados deberían cotizar el 70% de su salario y los jubilados, el 60% de su pensión, según los cálculos de la Supén.

En este caso, como en el del IVM, la Superintendencia parece predicar en el desierto, pese a ser el organismo técnico estatal encargado de examinar la salud de los diversos regímenes y proponer los correctivos necesarios. Los encargados del IVM, como los de la Corte, ofrecen proyecciones optimistas a contrapelo de las realidades señaladas por la Supén.

En el IVM, los administradores tardaron años antes de admitir la necesidad, muchas veces señalada por la Supén, de ajustar la base contributiva de los asegurados independientes, cerrar los portillos a la jubilación anticipada y generar recursos frescos. Cuando la Superintendencia denunció el uso de los intereses generados por el régimen para pagar pensiones y aguinaldos, el IVM se apresuró a justificar la práctica, aunque con toda claridad apunta a la insuficiencia de los ingresos ordinarios y, cuando menos, afecta el crecimiento del fondo, indispensable para su solidez futura.

Por su parte, la Corte reacciona como si no se tratara de un problema actuarial y, más bien, existiera la intención de montar un ataque contra la institución. En ambos casos, los regímenes piden nuevos estudios, ofrecen mejorar la administración y posponen las soluciones.

En la Corte, se trata de la defensa de un régimen privilegiado, como otros existentes en el aparato estatal, cuya creación nunca debió ocurrir. Los beneficiarios cotizan una fracción del costo de sus futuras jubilaciones y se pensionan con sumas altísimas a muy temprana edad.

Cada vez se hace más clara la necesidad de migrar hacia un régimen único de pensiones, con beneficios realistas y costeables. La sombrilla natural del régimen único es el IVM. Por eso es indispensable apurar los cambios necesarios para sanearlo y garantizar su sostenimiento en el futuro.