EscucharLa Caja Costarricense de Seguro Social es una maraña de problemas, y el país corre el riesgo de permitir que algunos de ellos opaquen a los otros. En las últimas semanas, por ejemplo, perdimos de vista las dudas sobre el régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) porque estalló la crisis financiera de la institución, centrada en el funcionamiento del régimen de enfermedad y maternidad. Ese tema desplazó del debate público al problema de las pensiones, cuya importancia para la estabilidad política y social no puede ser exagerada.
La comisión designada para estudiar la crisis institucional rindió un diagnóstico de extraordinaria importancia y sugirió importantes correctivos, pero nunca pretendió abarcar la totalidad de los problemas. En el informe final, son apenas tangenciales las referencias a la salud del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM). El grueso de los invaluables servicios prestados por la comisión es pertinente al régimen de enfermedad y maternidad, es decir, a la operación cotidiana de la Caja como proveedora de servicios de salud, pero eso no implica menosprecio por el tema de las pensiones. Simplemente, se trata de un problema diferente.
La Caja intervino la Gerencia de Pensiones, y el informe final de la intervención también contiene un inventario de problemas y soluciones, pero no entra a valorar la salud del régimen propiamente dicho, sino el manejo administrativo y las acciones concretas adoptadas en ese ámbito en el curso de los últimos años.
La insistencia sobre la necesidad de analizar el régimen de pensiones corre por cuenta de la Superintendencia de Pensiones (Supén), cuya preocupación por los cálculos actuariales de la Caja es manifiesta. Es preciso reanimar ese debate, tan vigoroso en los meses previos al estallido de la crisis financiera en la institución.
Los dos son problemas gruesos, pero el país debe prestar atención a ambos y mantenerlos sobre el tapete de discusión al mismo tiempo. Hay entre ellos vasos comunicantes y preocupaciones comunes que desaconsejan entenderlos como pertenecientes a mundos totalmente separados. Uno de esos factores es la credibilidad de la institución cuando habla de sí misma y sus problemas. La tendencia a minimizar las deficiencias ha sido evidente y, si alguna lección quedó aprendida, es la necesidad de examinar con detalle los informes manados de la Caja y sus administradores.
La comisión encontró, por ejemplo, errores en las estimaciones actuariales sobre diversos temas, como el pago de la cesantía. Entre muchos privilegios concedidos a sus empleados, la institución subió el límite de pago por cesantía de 12 a 20 años sin prever que eso implicaría la duplicación de las erogaciones, de ¢9.000 millones a ¢18.000 millones. Los cálculos actuariales necesarios para acreditar la sostenibilidad del IVM son mucho más complejos, pero, si la institución falla en lo más simple, ¿no habrá mérito tras las dudas expresadas por la Supén?
Cuando menos, vale la pena investigarlo, pero hacerlo se dificulta porque la Caja, como en tantos otros casos, se ha mostrado refractaria a la transparencia. He aquí un nuevo factor común entre la materia estudiada por la comisión y el tema de las pensiones. Supén se q ueja de la información parcial, tardía e imprecisa recibida de la Caja. La comisión resalta la renuencia a rendir cuentas en casos como la mortalidad en la unidad de cirugías cardíacas del Hospital Nacional de Niños. El común denominador es la cultura del secretismo, que dificulta atisbar la realidad mientras no se transforme en una crisis imposible de disimular.
Por eso la Supén no debe cejar en el esfuerzo de aclarar las dudas y poner la cuentas en claro, no importa cuáles sean las implicaciones políticas de la realidad. Si existen problemas en el IVM, es mejor saberlo pronto y adoptar las medidas necesarias, que en estos casos siempre son dolorosas.
