EscucharLa naturaleza pide a gritos la incorporación del sector privado a la generación eléctrica. El viento sopla con fuerza en el verano, cuando no hay lluvia, y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se ve obligado a intensificar el uso de los hidrocarburos para satisfacer la demanda nacional. El aporte de las plantas hídricas privadas, afectadas como las del ICE por la falta de precipitaciones, en cualquier caso ayuda a suplir el faltante.
La ecología también exige el cambio. La capacidad del sector privado para generar energía limpia apenas se ha explotado. El ICE sacó a concurso la adjudicación de contratos para la producción de 137 megavatios, generados exclusivamente con agua y viento, pero recibió ofertas por 360. En los últimos cinco años, los contratos adjudicados ahora habrían generado el 80% de la energía que el ICE debió producir con hidrocarburos. La emisión de gases de efecto invernadero pudo haberse reducido a una quinta parte.
La economía nacional se suma al clamor por la apertura. En esos cinco años, la diferencia entre el costo de la generación térmica y las opciones limpias ofrecidas por los generadores privados le habría ahorrado al país $608 millones. El costo de las ofertas recibidas el año pasado por el ICE ronda $0,11 por kilovatio hora para las plantas eléctricas y $0,09 para las eólicas. La generación térmica, dependiente de los precios internacionales del petróleo, costó entre $0,18 y $0,29 en los últimos cinco años. Ese costo afecta la competitividad de las empresas costarricenses y, por ende, el desarrollo nacional.
Los presupuestos hogareños también demandan el cambio. En los seis años transcurridos entre agosto del 2006 y octubre del 2012, la electricidad subió un 85,4%, superando la inflación del periodo en un 30%. La repercusión en los bolsillos de los consumidores, pobres y ricos, motivó reiteradas declaraciones de la presidenta Laura Chinchilla sobre la necesidad de bajar las tarifas. Teófilo de la Torre, presidente ejecutivo del ICE, secundó la petición presidencial e incorporó la reducción tarifaria a las metas institucionales.
Por último, el sentido común implora el desarrollo de la generación privada, siempre sometida a una regulación estatal sensata. Nuestro país, rico como pocos en recursos energéticos, se ha visto en la necesidad de comprar electricidad a naciones vecinas de Centroamérica, donde la producción privada es muy importante. Preferimos, entonces, comprar energía al empresario extranjero y dejar en esas tierras el estímulo a la inversión, el empleo y el desarrollo.
Inexplicablemente, la suma de naturaleza, ecología, sentido común, economía nacional y doméstica apenas pesa tanto como el prejuicio. Es una combinación poderosa, como lo demuestran los primeros pasos en la dirección correcta, pero ha tardado mucho en imponerse. El concurso abierto por el ICE el año pasado es motivo de celebración, pero es difícil entender la limitación de 137 megavatios impuesta a priori cuando el mercado estaba dispuesto a ofrecer al menos 360.
Frente a tantas buenas razones, la ley todavía niega a los generadores privados importantes economías de escala. La capacidad de sus plantas está limitada a 50 MW si las construyen para operarlas durante un plazo y luego traspasárselas al ICE.
Si la intención es operarlas durante la totalidad de su vida útil, la capacidad máxima permitida por ley es de 20 MW. En conjunto, la generación privada no puede sobrepasar el 30% de la capacidad instalada nacional, como si al país le sobrara inversión, eficiencia y energía limpia.
Las limitaciones y el desperdicio corren por cuenta de todos los estratos sociales, afectan el ambiente, dañan la competitividad y ponen cortapisas al desarrollo, pero así de fuertes son los prejuicios y así de contradictorias las políticas energéticas del Estado costarricense.
