La aplicación del impuesto sobre la renta a las pensiones creadas por la Ley de Protección al Trabajador es un evidente contrasentido

 4 julio, 2014

En el año 2000, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección al Trabajador, se tuvo la explícita intención de estimular el ahorro para crear fondos capaces de compensar el inevitable deterioro de los beneficios otorgados por otros regímenes de pensiones, en especial el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Con franqueza y clara visión de futuro, la administración del presidente Miguel Ángel Rodríguez planteó a la población costarricense la necesidad de participar personalmente, con sus ahorros, en la tarea de asegurarse una vejez digna, más allá de lo que puedan proveer los regímenes de pensiones establecidos hasta ese momento.

La Ley creó un régimen adicional, obligatorio, para apuntalar los beneficios del IVM y abrió la posibilidad de aumentar el ahorro mediante la participación en planes voluntarios, en los que el futuro beneficiario puede guardar hasta el 10% de sus ingresos, con el incentivo de un modesto beneficio tributario, establecido para hacer más atractivo el ahorro. Para redondear los ingresos, las operadoras de pensiones pagan un rendimiento sobre los depósitos

La propuesta es simple: preocúpese usted mismo por construir su pensión, porque el Estado no podrá satisfacer sus necesidades. Si lo hace, el Estado exonerará del impuesto sobre la renta hasta un 10% de sus ingresos mensuales, para reconocerle una migaja de lo que no le podrá dar en el futuro y para convencerlo de no sumarse al problema social que se avecina.

Según la Superintendencia de Pensiones (Supén), el afiliado promedio del IVM aporta ¢23,9 millones al régimen durante su vida laboral, pero ese dinero apenas alcanza para pagar el 58,4% de la jubilación, cada vez más larga en virtud de la creciente expectativa de vida. La situación es insostenible y los Gobiernos no podrán postergar las reformas indefinidamente. Las únicas salidas son aumentar las cotizaciones, atrasar la edad de jubilación, reducir los beneficios o combinar todos o algunos de esos elementos.

De hecho, la situación prevista por el legislador del 2000, cuando el nivel de beneficios del IVM era de un 60% del salario de referencia, comenzó a manifestarse en el 2005, cuando la CCSS aprobó una rebaja en los beneficios que los ubica entre el 43% y el 52,5% del salario de referencia.

En esas circunstancias, es absurdo que el Estado dé marcha atrás en la única medida visionaria y sensata adoptada en materia de pensiones. En concordancia con los propósitos de la Ley de Protección al Trabajador y con el espíritu de la exoneración concedida a los ahorrantes, siempre se estimó que el régimen también está exento del pago del impuesto sobre la renta cuando sus beneficiarios comiencen a disfrutar de él. Así lo interpretaron los diputados del 2000 y así lo creyeron quienes aceptaron la propuesta de afiliarse a un plan de pensión voluntario.

Pero en la Administración pasada, el Ministerio de Hacienda se dio cuenta de que una ley anterior estableció la sujeción de todas las pensiones al impuesto sobre la renta. Fue una ley hecha para limitar las altísimas jubilaciones a cargo del Estado, y quienes la aprobaron no soñaban siquiera con un régimen voluntario. Los creadores de la Ley de Protección al Trabajador no repararon en el detalle de la ley preexistente y omitieron hacer explícita su voluntad de exonerar a las pensiones voluntarias, pero sus declaraciones posteriores a la decisión de aplicarles el impuesto no dejan duda de la verdadera intención.

El resultado es absurdo y condenable. El Estado desincentiva en la actualidad lo que, con buen juicio, quiso incentivar en el pasado y los suscriptores de planes voluntarios son víctimas de un terrible engaño. El caso llegó a los tribunales y, si bien los jueces enmendaron gran parte de la injusticia, estimaron gravables las pensiones pagadas mensualmente con dinero del régimen obligatorio. Además, en ausencia de una interpretación auténtica de la Asamblea Legislativa, sigue habiendo espacio para la incertidumbre.

Una nueva Administración y un nuevo Congreso deben volver la mirada hacia el absurdo para enmendarlo del todo. Es cuestión de aprobar un proyecto de ley ya existente en la corriente legislativa y consistente en un solo artículo, el 71 bis de la Ley de Protección al Trabajador, para declarar: “Las prestaciones o beneficios derivados del Régimen Obligatorio y Voluntario de Pensiones Complementarias previstos en esta ley estarán exentos de toda clase de tributos, ya sean impuestos, tasas, contribuciones u otros”. Es cuestión de justicia y elemental sensatez.

Etiquetado como: